3 de junio de 2024, 4:00 AM
3 de junio de 2024, 4:00 AM
De manera sorpresiva, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari se presentó de manera voluntaria el viernes por la tarde para declarar ante la Fiscalía de La Paz por la denuncia que cursa en su contra por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.
Sin embargo, el diputado ‘arcista’ calló ante el fiscal asignado al caso y se acogió a su derecho constitucional de guardar silencio. De esta manera, a un mes de conocerse públicamente el proceso, las indagaciones están ‘congeladas’.
Anteriormente, Huaytari negó cualquier acusación y afirmó que no tenía nada que ocultar, e inclusive, desafió a sus detractores de que, si hallaban algo de corrupción, “calladito se iba a su casa”.
Franklin Gutiérrez, que patrocina al acusado, afirmó que su defendido no puede declarar “donde no existe investigación”, pese a las diligencias del Ministerio Público. Empero, dijo que las pesquisas financieras están bajo reserva.
“Yo tampoco me puedo manifestar porque de acuerdo a la ley todo lo que haga la investigación financiera es cosa de reserva y no podemos manifestarnos de esa manera”, afirmó el jurista.
De manera irónica, Gutiérrez disparó que todas las acusaciones en contra de su defendido están basadas en “recortes de prensa”. A eso sumó que en el cuaderno de investigación tampoco arrojaría elementos objetivos para involucrar a Huaytari en la denuncia que se lo acusa. “Sobre los depósitos bancarios que recibió se pueden aclarar fácilmente”, expresó.
Y es que los movimientos financieros de Israel Huaytari, están bajo observación desde hace un año cuando la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) recibió dos solicitudes del Viceministerio de Transparencia, dependiente del Ministerio de Justicia, para que se indaguen las cuentas bancarias del presidente de la Cámara de Diputados.
La acusación por presuntos hechos de corrupción contra Huaytari, en el que se incluye a dos miembros de la Policía Boliviana, Raúl C.P., Rolando G.T.A., y Zulema C.P., se conoció públicamente en mayo de este año. Según el informe, entre 2020 y 2022 Huaytari habría recibido Bs 1,5 millones en cuentas mancomunadas con su esposa, en 193 depósitos.
Un instructivo del fiscal departamental de La Paz, William Alave, dispuso remitir el informe de Inteligencia Financiera y Patrimonial de la UIF, de fecha 8 de diciembre de 2023, al encargado de la Plataforma de Atención de la Fiscalía de La Paz, a efectos de que se proceda al registro de la denuncia y posterior sorteo de un fiscal analista.
Conocida sobre esta denuncia y de manera inmediata uno de los acusados, Raúl C., presentó un incidente de declinatoria de competencia para que la investigación se lleve adelante en la capital cruceña y no así en la sede de Gobierno lo cual fue confirmado en su momento por el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa
.
Sin embargo, tanto el Ministerio Público de La Paz y de Santa Cruz apelaron respectivamente a este incidente y será la justicia que defina.
En entrevista con EL DEBER, el ministro de Justicia Iván Lima, explicó que esta situación tiene que resolverse en una audiencia pública y espera que se haga ya en los próximos días. Además, remarcó que el Ministerio Público de La Paz tuvo suficiente tiempo de investigación, en su etapa preliminar, para determinar si Huaytari será imputado o no.
Recalcó que a la fecha no existe una imputación formal ni una acusación contra Huaytari, y que no hay en este momento ninguna determinación que les permita sostener si el Presidente de la Cámara de Diputados es una persona imputada por el delito que se lo acusa.
“En este caso, todavía el Ministerio Público no ha emitido ninguna decisión, está en una etapa preliminar y seguramente, tanto el Presidente de la Cámara Huaytari, como el Ministerio Público, llevarán adelante este proceso que estamos seguros va a tener que desembocar en alguna determinación judicial en las próximas semanas”, aseveró.
Lima aseguró que no existe una incertidumbre en la Fiscalía de La Paz y de Santa Cruz para llevar adelante el proceso, es más, dijo que existe un principio de unidad del Ministerio Público y que toda la investigación va a continuar independientemente de que sea Santa Cruz o La Paz.
Reacciones
La diputada por Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, lamentó que este caso haya salido a la luz por la pugna interna que existe dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS), no solo dentro del llamado bloque ‘evista’, sino por las fricciones en el ‘arcismo’, más no por la búsqueda de la sanción a los hechos delincuenciales que pasen sin importar el bando político.
“Vemos que este hecho fue mediático y no hemos visto que se haya efectivizado sanciones porque tenemos que ser claros y enfáticos en algo, no solo es el señor Israel Huayari, son los cientos de hechos de corrupción que se cometieron en la gestión del MAS, afirmó Nayar ante este rotativo.
Consideró que Huaytari, por transparencia, debería dar un paso al costado en su cargo, mientras continúan las investigaciones.
Por su parte el diputado del ‘MAS’, Renán Cabezas, afirmó que Huaytari niega las acusaciones en su contra porque “tiene protección del Ministerio Público de La Paz y el Órgano Judicial”.
Las denuncias por legitimación de ganancias ilícitas acorralaron a más de dos diputados del ‘mas’
El caso del diputado Israel Huaytari no es el único. En noviembre de 2022 las investigaciones recayeron sobre su colega, el diputado suplente del MAS, José Rengel Terrazas, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) detectó que el asambleísta oficialista movió desde sus cuentas 51 millones de dólares a cuatro países: Costa de Marfil, Bélgica, Alemania y Turquía. De acuerdo al informe, se estableció que el legislador realizó 37 giros a cuatro países sin especificar los destinatarios.
Sin embargo, el juzgado tercero de instrucción anticorrupción decidió otorgar medidas sustitutivas a la detención, presentarse al sistema biométrico de la Fiscalía cada 15 días. Además, la prohibición de comunicarse con testigos y debe presentar dos garantes solventes.
“Estableciendo la autoridad fiscal que la presente contaría con elementos suficientes de convicción para sostener que el imputado es con probabilidad autor del presente hecho investigado por el Ministerio Público”, señaló parte de la imputación fiscal.
En su defensa, Rengel afirmó que hizo su fortuna desde 1989 con negocios como transporte de gas, venta de autos indocumentados y el negocio inmobiliario.
El análisis financiero y patrimonial de la UIF indica que se hizo el estudio al imputado en las gestiones de 2018 a agosto de 2021. En ese documento también se determinó que el diputado recibió en sus cuentas depósitos en efectivo y transferencias que fueron realizadas por él mismo y por terceras personas de forma irregular.
Según el portal BolivaPymes, José Rengel Terrazas tiene una empresa con el mismo nombre de su identidad. El rubro al que se dedicada es a la construcción de edificios y otras edificaciones. Está catalogada como una empresa unipersonal” y tiene como actividad “construcciones civiles”.
Joadel Bravo
EXFISCAL ANTIDROGAS
La justicia pica al que está descalzo
No es ninguna novedad que los que están en el poder e involucrados en legitimación de ganancias ilícitas difícilmente sean procesados y que llegue a una sentencia condenatoria.
En este caso, si bien (diputado Israel Huaytari) es un miembro del Poder Legislativo, pero hace parte del Ejecutivo, del partido de Gobierno porque es de la línea del presidente, y es la persona encargada de hacer andar las leyes que pretenda el Ejecutivo.
Lastimosamente la justicia solo pica al que está descalzo, nótese que no vemos al ministro de Gobierno hacerse parte de este proceso, pero sí en otros. Hay una intromisión y no es bueno para la justicia, cada quien debería quedarse en su respectiva área porque el artículo 3 del Código Penal prohíbe que otras carteras del Estado se involucren en la independencia del Órgano Judicial y de entrada la misma Asamblea debería haberlo suspendido.
¿Dónde está la Comisión de Ética? no estamos hablando de una acusación común y corriente que se haya cometido algo leve, hay un documento serio que en el ámbito judicial, cuando se suscita un caso así, el juez debería ser suspendido, pero seguimos en funciones.
Son autoridades que están siendo observadas, extrañadas, hay una sospecha de la persona y los mecanismos de cada institución no están funcionando mínimamente suspenderlo, hay una retardación de justicia en estos temas, a diferencia de otros casos , de las personas débiles que rápidamente las procesan y allanan sus casas.
Esa es la realidad de nuestra administración de justicia, cómo se lleva la política en nuestro país que deja mucho que desear, la misma ciudadanía quisiera ver que seamos iguales ante la ley. A la vez, es descabellado que el caso sea tratado en Santa Cruz.
