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24 de marzo de 2024, 4:00 AM

24 de marzo de 2024, 4:00 AM

El pasado 22 de marzo se realizó el Foro Metropolitano Santa Cruz, con la participación de autoridades y tomadores de decisiones de los municipios que conforman la región metropolitana.

El evento, que tuvo como sede la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), fue convocado por
EL DEBER, el Instituto de Inteligencia Metropolitana de Santa Cruz, el Consejo Consultivo Técnico Departamental (CCTD) y el
Centro de Estudios Populi, con el fin de compartir estrategias, intercambiar información, fortalecer relaciones interinstitucionales con miras a una Santa Cruz integrada, pero además buscar estrategias para materializar la metropolización, frente a la tendencia de ingresos decrecientes.

En la lista de expositores estuvieron el gobernador cruceño en ejercicio, Mario Aguilera; Claudia Canedo, en representación
de la UPSA y del Instituto de Inteligencia Metropolitana de Santa Cruz (proyecto Construyendo Consensos); María Fernanda Romero, del Colegio de Arquitectos; y Luis Alberto Soliz, asesor técnico de la SIB.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Jorge Franco, presidente de la SIB filial Santa Cruz, quien destacó la iniciativa que nace ante la preocupación para la construcción de una gran metrópolis, que integre a la ciudad capital con los municipios vecinos. 

“El crecimiento vertiginoso de Santa Cruz exige pensar en la formalización de una Región Metropolitana, que comprenda la ciudad capital y los municipios aledaños”, señaló.

Aguilera dijo que actualmente se está encarando la planificación sobre la metrópoli de Santa Cruz, la más grande del país, que
tratará de ordenar en lo posible el territorio.

Según la autoridad departamental, actualmente en la región metropolitana el 1% de la población genera el 1% de PIB, cuando por lo menos debería llegar a 3% del Producto Interno Bruto (PIB). 

“Esto será posible con la metropolización porque no solo vamos a planificar, además tenemos 77% de población en edad de trabajar, y a eso sumamos un bono, que el 60% de nuestra población tiene menos de 30 años, es decir el equivalente a 1,6 millones de habitantes en la metrópoli”, explicó.

Entre las razones para una coordinación intergubernativa metropolitana, Aguilera abordó
el sector de la salud, y explicó que solo en 2022, la capital cruceña hizo casi cuatro millones de atenciones médicas a pacientes de
todos los municipios aledaños, demandando un gasto superior al medio millón de bolivianos al
Municipio, lo que representa un 43% del gasto en salud, y más del 9% del gasto total.

“Cuando existe complementariedad (en la planificación) bajan los costos operativos, se relaciona toda la infraestructura de servicios”, argumentó.

Entre los temas estructurales necesarios en esta coordinación, habló de transporte, salud educación, desarrollo económico, seguridad hídrica y territorio.

Puntualizó que cada uno de los municipios que componen la región metropolitana tiene sus
propias potencialidades, que van desde el desarrollo industrial hasta el turismo, el Hub Viru Viru, la fruticultura, etc.

​Dijo que, por ejemplo, en el tema de la seguridad hídrica, es imposible encontrar soluciones como municipios aislados. “Ningún municipio puede solucionar su demanda de agua sin relacionarse de manera coherente y
complementaria con sus iguales de la región metropolitana”.

Por último abordó la importancia de fortalecer el centro histórico; un sistema urbano policéntrico; la ocupación de los radios urbanos, con la implementación de más de 200 mil viviendas a
mediano plazo; un sistema logístico industrial; corredores verdes; gestión y aprovechamiento
de los residuos sólidos; y la seguridad hídrica, entre otras cosas.

Realidad normativa
Claudia Canedo hizo un análisis comparativo de la normativa urbana en los municipios de la
región metropolitana de Santa Cruz, en base a un estudio realizado entre la UPSA y el Colegio
de Arquitectos.

Según la experta, el interés de este diagnóstico es unificar los trabajos en escala metropolitana,
sin entrar en las competencias de cada Municipio. 

“La autonomía les da el derecho de ordenar el territorio como vean conveniente, pero en una escala mayor vemos necesario considerar algunos factores”, recalcó, y sugirió un código metropolitano que mínimamente defina los lineamientos básicos requeridos, como ordenar y mejorar las condiciones de los asentamientos humanos, establecer adecuadas provisiones de uso y reservas de suelo, “porque los cordones verdes son fundamentales para garantizar la calidad de vida en el futuro”, etc.

Canedo explicó que la realidad muestra que los municipios más pequeños tienen una normativa sectorizada, de acuerdo a sus intereses y problemáticas, y que las regiones metropolitanas son instancias de planificación que no pueden operar sin un Plan de Ordenamiento Territorial (PLOT) y plan de manejo de cuencas en toda la región.

“Pedacito por pedacito no vamos a llegar, como nos ha estado sucediendo con el tema del Cordón Ecológico, es muestra de un problema actual. La clasificación de los suelos en los municipios hay que definirla, los usos industriales, residenciales, comerciales, terciarios, primarios, etc.”, recomendó.

La arquitecta cree que es relevante identificar los proyectos estratégicos en cada municipio y
concatenarlos para un proyecto mayor, como en el caso de áreas protegidas, transporte, infraestructura para centros escolares,
de salud, etc.

“Tenemos cuatro hospitales de tercer nivel, nueve de segundo, y es muy grande la cantidad
de gente que se viene a la capital cruceña en busca de salud”, ejemplificó uno de los retos.

María Fernanda Romero, del Colegio de Arquitectos, dijo que para planificar es necesario visualizar toda esa normativa y
códigos de forma espacial
, sobre una gran área metropolitana de 510 mil ha y un área de influencia de 253 mil ha, que serían los
municipios aledaños.

Al hacer esta visualización, dijo que Warnes tiene una mayor extensión, con un área urbana de 36% de la totalidad de su territorio, seguido de Santa Cruz de la Sierra, con el 32% del área definida para crecimiento, dejando el resto como rural o áreas naturales, al menos por ahora.

Agregó que La Guardia tiene un 15% de área urbana; El Torno, un 6,88%; y que Cotoca
excede su límite jurisdiccional, ya que tiene la totalidad de su territorio como área urbana. De
Montero, especificó que el 38% de toda su superficie está definida como urbana.

En cuanto a ocupación poblacional, la capital cruceña acapara la mayor cantidad de población con respecto a los demás municipios.

“También hicimos un análisis de todos los usos de suelo, de todas las definiciones y categorías
y zonificaciones que tenían las normativas, y debido a la diversidad que presentan, cada municipio tiene una categorización muy diferente para definir crecimiento y usos”, dijo.

Bajo esta lógica, se concentraron en seis categorías más o menos estandarizadas; centro histórico, equipamiento, protección ambiental, residencial, industrial y usos especiales.

Explicó que Warnes tiene impacto mayor en equipamiento, su parque industrial liviano y el
Latinoamericano, y empezaron a notarse las diferencias entre municipios.

En La Guardia no se denota el área de equipamiento, pero sí su cordón ecológico, y lo demás es urbano. En Cotoca varía, tiene su
mancha urbana definida, pero aún no ha tenido su plan director que defina ese radio urbano.

“En su Plan Territorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien. (PTDI), en Cotoca solo se identificaron áreas urbanas y de equipamiento», afirmó.

Sobre Montero, dijo que visualizaron una gran mancha verde de protección y toda su parte residencial, equipamiento y algunos usos especiales muy definidos, mientras que El Torno es lineal, y destaca la parte de protección ambiental y residencial. 

«En un análisis del tema residencial, Warnes es el que tiene mayor porcentaje de hectáreas tiene como uso de suelo residencial, con 26 mil ha, frente a las 22 mil ha de la capital cruceña», observó.

Menos recursos
Un diagnóstico de la situación fiscal de los municipios de la Región Metropolitana de Santa
Cruz, realizado por el Centro de Estudios Populi, mostró una disminución de los ingresos y gastos municipales en el período comprendido entre 2014 y 2022.

El estudio se centró en analizar el impacto de la caída del 59,5% en las transferencias de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a los gobiernos municipales desde 2014. 

Por ejemplo, en Santa Cruz de la Sierra los ingresos municipales por persona se redujeron en 30,7% durante el período estudiado. Cotoca, La Guardia, El Torno, Warnes y Montero también experimentaron reducción.

«En cuanto a los gastos, se identificó un patrón común de ajuste presupuestario, particularmente en los gastos de inversión. En Santa Cruz de la Sierra disminuyó de 42%, en 2014, a 16% en 2022. Esta tendencia se repitió en todos los municipios estudiados, donde los proyectos de inversión fueron posibles en gran
medida a través del endeudamiento”, explicó Carlos Aranda, investigador económico de Populi.

Agregó que el estudio también proyecta que la bonanza de recursos provenientes del IDH difícilmente volverá a los niveles de 2014, dadas las proyecciones de declinación en la
producción de hidrocarburos.

“Además, si bien la coparticipación tributaria podría aumentar los recursos municipales,
las proyecciones muestran aumentos marginales que no compensarán la caída del periodo estudiado”, dijo.

Finalmente, resaltó que solo Porongo aumentó sus ingresos en 48,9% por recaudación impositiva. “En 2022, la principal fuente de recursos propios fue por el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles”, aclaró.

Luis Alberto Soliz, asesor técnico de la SIB, en su exposición sugirió el modelo de concesión
como una oportunidad para la región metropolitana. 

“Es uno de los mecanismos para construir infraestructura y servicios en estas condiciones económicas del país”, enfatizó. 

Soliz dijo que hoy predomina el concepto de desarrollo Estado – empresa, “cada vez se hacen más empresas públicas a escala
nacional”, pero cuando hablamos de concesión es al revés, el Estado debería ser planificador,
normativo y regulador, y el sector privado debería ser el que desarrolle y produzca. El rol del Estado debe disminuir y aumentar la
inversión privada”, recomendó.

Al requerir la metrópoli una alta inversión de obras y servicios públicos, “el gobernador habló
de 3.000 millones de dólares, y considerando que no tenemos plata, un mecanismo son las
concesiones”, dijo, pero observó existen debilidades en la normativa sobre concesiones, que deben subsanarse.

Pedro Rivero Jordán, director de EL DEBER, insistió en la continuidad de los asuntos abordados, ya que el crecimiento poblacional conlleva problemas sin resolver. 

“Debemos culminar el salto a la modernidad. Que este foro sea un empujón definitivo”,
exhortó a los asistentes.

PARA SABER

EL FORO METROPOLITANO
Surgió de la necesidad de articular esfuerzos entre los sectores público y privado, para
enfrentar los desafíos de aprovechar las oportunidades que presenta el crecimiento y desarrollo de la región, y responder a la urgencia de un diálogo constructivo, en pro de municipios más prósperos, equitativos y
sostenibles.

INFORMES
El Centro de Estudios Populi hizo un estudio titulado “Diagnóstico de la situación fiscal de
los municipios de la región metropolitana de Santa Cruz”. 

Esta investigación arroja luz sobre la evolución de los ingresos y gastos municipales entre 2014
y 2022. La UPSA, la SIB, el Colegio de Arquitectos y la Gobernación también mostraron sus estudios sobre metropolización.

CENSO
Según la Fundación Jubileo, tras el censo solo 55 municipios del país se beneficiarán con más
recursos por coparticipación tributaria.



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