En diciembre de 2022, y a través de la Petición de Informe Escrito (PIE) 726/22, el concejal Miguel Fernández solicitó al Ejecutivo Municipal que aclare dudas sobre el derecho propietario del Mercado Mutualista, actualmente demandado por Nelson Miguel Crapuzzi Zeballos.
Entre otras cosas, en esa PIE Fernández solicitaba que se respondiera si existía documentación respaldatoria del área de Equipamiento Terciario ET-3 (Mercado Mutualista), registrada en 1969 por Miguel Crapuzzi Dirienzo.
También pedía la certificación de desembolsos económicos en favor de Crapuzzi, de un ‘justiprecio’ por expropiación, y un informe sobre el estado de las expropiaciones.
La respuesta a la PIE salió de la Dirección de Bienes Inmuebles y Áreas de Dominio Público el 13 de enero de 2023, remitida por Sonia Limpias y Beatriz Galviz, vía Carlos Adrián Tonelli, y dirigida a Mario Centellas, secretario de Administración y Finanzas (SMAF).
“Por error”, en la contestación al PIE se aseguró que en los archivos de esa dirección “no cursaba” documentación de derecho propietario en favor de la Alcaldía.
La respuesta es uno de los argumentos de Crapuzzi en el litigio por la propiedad del Mutualista.
Tuvieron que pasar cuatro meses para enmendar el error. Recién el 19 de mayo de 2023, desde la misma Dirección de Bienes Inmuebles salió otra comunicación, esta vez aclarativa y complementaria, indicando que en esa oficina no cursaba documentación de particulares sobre el terreno, específicamente de Crapuzzi, y tampoco antecedentes de una expropiación a esta misma persona.
Complementaron la respuesta con la afirmación de que el Mutualista evidentemente era predio de dominio municipal.
El mismo 19 de mayo salió otra comunicación de Mario Centellas (SMAF), dirigida al alcalde Jhonny Fernández, vía Juan Carlos Solares (director municipal), transmitiendo la enmienda al error inicial. El documento tiene sello de recibido el 23 de mayo.
Sin embargo, la misma aclarativa salió del despacho de Fernández recién el 20 de julio de 2023, dirigida a la presidenta del Concejo, Gabriela Garzón Cruz. La fecha de recibido es 26 del mismo mes.
Sobre este desliz que pudo afectar la defensa del terreno, la vicepresidenta del Legislativo, Lola Terrazas, dijo que hay muchos cabos sueltos en el caso del Mutualista y se declaró sorprendida porque desde el Ejecutivo salieron diferentes informes sobre el mismo tema.
Recalcó que, “por error o por el motivo que fuera”, no se debió abrogar la Ley 417/2016, que declaraba como propiedad municipal los terrenos del Mutualista.
“Con la sentencia de la Sala Constitucional, esta ley ya estaba fuera del ordenamiento jurídico. Ha sido una abrogación innecesaria, un sobrecumplimiento, pero más bien con esta abrogación se ve afectado el derecho anterior a la norma que tiene el Municipio sobre estos terrenos, y que aún está en una situación sin resolver”, aseveró.
Con estos argumentos, más la revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Terrazas anunció que este lunes 4 de marzo presentaría un recurso de control de legalidad de la ley que abroga el derecho del Municipio sobre los terrenos del Mutualista.
“No correspondía (la abrogación). Tenemos los argumentos suficientes para pedir el control de legalidad, a fin de que el Municipio siga reclamando el derecho propietario sobre estos terrenos, como manda la normativa”, dijo.
La vicepresidenta edil aseguró no saber nada con respecto a la enmienda enviada a Gabriela Garzón. Sin embargo, dijo que le parece una “total irresponsabilidad de parte de esos funcionarios” que emitieran una respuesta errada, y que demoraran casi un año en la enmienda. “En la tardanza está el peligro, y le dieron casi un año de plazo”, cuestionó Terrazas a la Dirección de Bienes e Inmuebles del Municipio.
A pesar de los antecedentes, Terrazas indicó que siempre tuvo la certeza del derecho del Municipio, ya que eso le mostró la respuesta a una PIE enviada por ella, como vicepresidenta del Concejo.
Por su parte, el legislador Fede Morón cuestionó que las áreas técnicas del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) siempre tuvieron la información precisa y fidedigna para defender el Mutualista y que, aun así, las “cabezas de este mismo GAM no solo mostraron falta de transparencia, sino también una demora y un absurdo comportamiento” en el manejo de esta información que fueron desde una respuesta equivocada a Miguel Fernández, en enero de 2023, hasta la demora de cuatro meses para enmendar el error inicial.
“Y encima, en lo subsiguiente, tardaron dos meses más para que el alcalde mandara a la presidenta del Concejo esta información. ¿Qué pasó en estos seis meses, que no pudieron transparentar lo que después terminó en una pérdida importante para el pueblo cruceño?”Así lamentó el fallo de la Sala Constitucional sobre este caso.
Para Morón, con el litigio del Mutualista están saliendo cuestionamientos por la forma cómo actuó la Alcaldía. Además cuestionó a algunos concejales. Aludió a Juan Carlos Medrano y José Quiroz, así como a los actores privados sobre esta “posible ilegalidad”.
Por las pruebas halladas, Morón cree que podría existir una “aparente coordinación” entre algunos concejales y privados que están “quitando este predio al pueblo”.
Velocidad en el Concejo
Mientras que en el Ejecutivo hubo información errónea y demora en la enmienda, a pesar de los antecedentes de la pérdida del litigio por este predio, en el Concejo la historia fue muy distinta a la hora de abrogar la Ley 417/2016. La vicepresidenta Terrazas, hizo notar que después de abrogar la norma que declaraba el Mutualista como predio de dominio municipal, ese mismo día, en menos de 24 horas, se promulgó la ley abrogatoria.
“¡Qué velocidad! Y encima resulta que, esta ley abrogatoria, los abogados de Crapuzzi ya la hicieron conocer al TCP para que deje sin efecto la revisión de la Sala Constitucional Tercera”. “Eso es gravísimo”, cuestionó la concejal.
Según Terrazas, ni lo que se hace con dispensación de trámite sale tan rápido como la abrogación de la 417/2016. “Una ley de promotores de protección infantil demoró tres años y la ley del POA u otras cosas, cuando al alcalde le interesan y solicita la dispensación del trámite, demora por lo menos dos a tres días en promulgarse por el conducto regular. Creo que esto es lo más rápido que he visto”, aludió.
Si bien Terrazas no pudo asistir por motivos de salud, dijo que al revisar el acta de esa sesión, “el concejal Medrano insistió en la abrogación porque se venían otras consecuencias judiciales”, por no abrogarse la 417/2016. Porque la Sala Constitucional daba un plazo de 24 horas para este actuado.
“Imagino que en ese sentido se justifica la promulgación”, afirmó, pero según ella, en la misma notificación que hizo la Sala Constitucional al Concejo Municipal, en su complementación aclaraba que la abrogación o existencia de la Ley 417/2016 no afectaba. “La ley de abrogación de la 417/2016 la promulgó en menos de 24 horas el concejal Miguel Fernández, que estaba de alcalde interino”, recordó.
Cambio de timón
Para Morón, existe un cambio de timón que la Alcaldía, que inicialmente aparentaba resignación frente a la demanda de Crapuzzi.
En conferencia de prensa, la secretaria de Planificación, Andrea Daza, dijo que el Gobierno Municipal sigue defendiendo la propiedad que es un bien del Estado, y además un bien municipal.
Criticó la actitud de algunos concejales que salen a defender a los privados, cuando contrariamente “tienen la responsabilidad, como fiscalizadores, de resguardar y cuidar las propiedades municipales”.
Sobre la abrogación de la 417/2016, el vocero jurídico del Ejecutivo, Bernardo Montenegro, explicó que lo único que hizo el Concejo fue dejar sin efecto una ley, “a causa de un fallo”.
El argumento del vocero es que esa ley solo determinaba que se inscriban varios pedazos que conforman el mercado Mutualista como un solo terreno y aseguró que otra cosa es el derecho propietario.
“La ley 417 que se dejó sin efecto era una ley en la que se ordenaba que el derecho propietario sea fusionado y se perfeccione en un solo pedazo, el Mutualista”, argumentó.
Montenegro aseguró que, como Municipio, demostrarán que los diferentes bloques que el mercado tenía hace más de 30 años, y que fueron transferidos al Gobierno Municipal, o expropiados, se perfeccionaron en el derecho propietario, “de otras terceras personas que no tienen nada que ver con los que hoy están reclamando”, puntualizó en alusión a Crapuzzi.
Piden los planos
Luego de que el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra acordara con los comerciantes del Mutualista la no entrega de plano de uso de suelo y certificado catastral al supuesto dueño del predio, Crapuzzi notificó a la Alcaldía y le dio plazo para cumplir con el fallo.
En respuesta, tanto la Secretaria de Planificación, Andrea Daza, como Montenegro respondieron que Nelson Crapuzzi no cumple con todos los requisitos que se exigen a todos los ciudadanos para la entrega de planos y otros papeles.
Montenegro afirmó que el fallo era absolutamente claro, “decía que se daban 24 horas al Gobierno Municipañ de Santa Cruz para entregar el plano, pero siempre y cuando se cumplieran los requisitos de ley. Hasta el día de hoy estos ciudadanos no han entregado la documentación requerida, no se está vulnerando ninguna orden judicial”, aseguró el funcionario.
El vocero jurídico de la Alcaldía, además, puso en duda la veracidad de los documentos presentados por la defensa de Crapuzzi.
“Hay una documentación que se está manejando que deja mucho que desear en cuanto a su veracidad, entonces el GAM demostrará, por otras vías judiciales, que tiene el absoluto derecho propietario sobre estos terrenos, y con eso dar tranquilidad a la familia gremial y a la ciudadanía”, finalizó.
A través de la minuta de comunicación 20/2024, fechada 19 de febrero, y dirigida a la presidenta del Legislativo Municipal, Gabriela Garzón, los concejales Karina Orihuela, José Alberti y Marcelo Vidaurre recomendaron al alcalde Jhonny Fernández “otorgar el plano de uso de suelo y el certificado catastral de la ET-3, del bien inmueble de propiedad de Nelson Miguel Crapuzzi Zeballos, previos los requisitos de ley”.
La recomendación se dio con el argumento de que el demandante accionaría una queja por incumplimiento, tras plazo de 24 horas.
EL DEBER pidió una respuesta del despacho del alcalde y de la Secretaría de Planificación sobre el error y la demora en la enmienda, pero no respondieron.
