10 de marzo de 2024, 3:55 AM
10 de marzo de 2024, 3:55 AM
“Nos están matando en vida”, dice Camila Nay Vargas al describir el costo que están pagando los habitantes de la Amazonia boliviana por la fiebre del oro. Desde hace más de una década, la búsqueda de este mineral se intensificó por los ríos que dan vida a esa región. Allá en el espeso bosque se impone la ley de aquellos que con poder económico buscan de forma frenética este metal precioso. A su paso, estos grupos dejan impactos ambientales irremediables para la salud. Y pese a que la actividad genera millones de dólares, los impuestos y regalías que pagan al Estado son mínimos.
Solo basta ver los números oficiales para dimensionar esta situación. En 2022 la exportación de oro registró, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), $us 3.008 millones, pero dejó solo $us 65 millones en regalías al Estado boliviano.
Además, según el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) el 99,5% de esta producción fue declarada como procedente del cooperativismo minero, que no paga impuestos, se asocia ilegalmente con capitales privados nacionales y extranjeros, y deja impactos ambientales significativos en el medioambiente.
Según el Cedla, el crecimiento del sector cooperativista comenzó con la Constitución de 2009. La Carta Magna reconoce al actor comunitario en su capítulo de organización económica del Estado, pero ya no lo toma en cuenta en su capítulo minero. Esto obligó a los mineros de comunidades que explotaban oro de forma artesanal a convertirse en cooperativistas para operar de forma legal.
Otro impulso fue la Ley 535 de Minería y Metalurgia, promulgada por Evo Morales en 2014, que redujo del 5% al 2,5% la alícuota para las regalías del oro proveniente de yacimientos marginales –como lo declaran casi todas las cooperativas– y determina que este porcentaje baje incluso al 1,5%, si el mineral se comercializa en el mercado interno.
“Entran en la historia con sello de oro. La primera Ley minera hecha por todos los actores mineros y los trabajadores…que ¡Viva el movimiento obrero y cooperativista!”, fueron las palabras del exvicepresidente Álvaro García Linera, cuando se promulgó esta norma.
Una década después, estos gritos de victoria se traducen en graves daños ambientales para la Mancomunidad de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, donde habitan más de 5.000 personas de las naciones indígenas mosetén, esse ejja, tsimane, tacana, leco, y uchupiamonas. Todos dependen del flujo de estas aguas que tiene un alto grado de contaminación por mercurio.
“Estamos haciendo todo lo posible para que esto no vuelva a pasar en el futuro… estamos luchando por los niños”, declara Nay en un reporte audiovisual realizado por el Centro de Documentación e Investigación de Bolivia (Cedib) titulado “El precio de la Tierra”, un documental sobre minería del oro.
Óscar Campanini, director del Cedib, explica que el principal problema radica en la flexibilidad normativa que las cooperativas auríferas han logrado en áreas como el medioambiente, laboral e impositivo.
Esta situación ha conferido al sector aurífero un estatus de privilegio, convirtiéndolo en uno de los más relevantes en la economía boliviana, pero que en la práctica no deja un aporte real para el Estado boliviano.
Señaló que la minería aurífera, practicada en la cuenca amazónica, ha llevado a la contaminación del mercurio con impactos que podrían manifestarse durante las próximas generaciones.
Héctor Córdova, experto en minería, señala que las cooperativas tienen influencia política y social, esto ha hecho que incluso digan al Gobierno cuánto quieren pagar de impuestos.
El año pasado el sector movilizó a miles de cooperativistas en demanda de un impuesto único del 4,5% y el acceso a nuevas áreas de explotación en zonas protegidas.
“Esto aún no fue aprobado en la Asamblea Legislativa, pero podría representar un precedente peligroso”, señaló Córdova.
El analista hizo notar que hay 150.000 cooperativistas legales y otros 50.000 en el sector informal, lo que representa un gran número de votos en el plano electoral.
Alfredo Zaconeta, investigador del Cedla, coincide en que la expansión que se ha dado a la Amazonía y al Oriente Boliviano con la explotación de oro, está dejando saldos económicos, ambientales y sociales contraproducentes.
Los expertos plantean una revisión de las políticas fiscales y ambientales, ante la explotación irracional del oro en Bolivia.
Antes de ser cambiado, el exministro de minería, Marcelino Quispe dejó la puerta abierta para hacer una pausa en la explotación aurífera en el Norte Paceño y parte de la Amazonia boliviana ante las constantes denuncias sobre la contaminación.
Pero surgen muchas dudas con la designación del nuevo titular de esta cartera de Estado: Alejandro Santos, que proviene de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, una de las organizaciones más beneficiadas con la explotación del oro, que sigue dañando la salud de los indígenas que viven de las aguas de los ríos amazónicos.
CIFRAS DEL TEMA
99,5% de las exportaciones de oro son realizadas por los cooperativistas mineros
16.000 millones de dólares generó la exportación del oro entre 2005 y el 2022, según el IBCE
50% del oro exportado por Bolivia en 2023 tuvo como destino la India
