19 de mayo de 2024, 12:16 PM
19 de mayo de 2024, 12:16 PM
La senadora Centa Rek y la diputada María René Álvarez remitieron información sobre negocios internacionales en áreas protegidas y/o reservas forestales, en perjuicio de los pueblos indígenas del oriente boliviano ante el Relator Especial Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Francisco Cali Tzay.
Los datos los hicieron llegar a través de una carta, luego que un reportaje de EL DEBER diera a conocer que las tierras fiscales en la zona Las Londras, del municipio El Puente, provincia cruceña Guarayos, son ofrecidas a la venta como propiedad privada en mercados de tierra internacionales por Brasilagro, una de las empresas del grupo Cresud.
“Esta situación pone de manifiesto la permanente presión, económica, social, ambiental y cultural del territorio guarayo, y a raíz de estos acontecimientos se exacerba la tensión territorial» manifestó Rek. La organización matriz del territorio, la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos de Guarayos (COPNAG), ha emitido pronunciamientos y manifestaciones contra los avasallamientos de tierras en su territorio.
En la carta, las legisladoras señalaron al relator que los violentos hechos suscitados en 2021 y 2023 en Las Londras pusieron en evidencia la gravedad de los conflictos por la tierra en Guarayos, pero además el «avance intercultural en lo que se supone es una tierra de vocación forestal permanente, es decir no apta para fines ganaderos o agrícolas”.
En días pasados, la senadora Rek remitió una Petición de Informe Escrito (PIE) al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras para que informe el estado del denominado caso “Las Londras”, luego de los hechos violentos del 28 de octubre de 2021, cuando se reportó agresión a periodistas y policías.
Asimismo, Rek pidió respuestas sobre el ofrecimiento de esas tierras como si fueran propiedad privada, por parte de una empresa argentina que comercializa tierras agrícolas a nivel internacional.
Al respecto, Rek recordó que en los últimos años Santa Cruz es la zona región del país donde más conflictos por la tierra se suscitan, precisamente porque los criterios previstos en la ley no son observados por las autoridades competentes, «debido a una evidente omisión por parte del Gobierno y un favoritísimo hacia sus afines para avasallar estas tierras».
El reportaje de EL DEBER difundió la investigación de un grupo ambientalista, que hizo el hallazgo sobre los intereses que se mueven detrás de la zona Las Londras, y que detonan la escalada de violencia y la impunidad, al extremo de que hasta la fecha, tres años después, no se puede entrar al lugar.
Los investigadores ambientalistas accedieron a las carpetas comerciales de empresas inmobiliarias con participación en las bolsas de valores de Argentina, Brasil y de Estados Unidos, y con llegada a varios países sudamericanos.
En el caso de Bolivia, en su plataforma, la empresa oferta cerca de 9.000 ha en Las Londras.
Apelando al reportaje, las legisladoras coincidieron con los investigadores ambientales en que nadie sabe que una inmobiliaria grande internacional aparece como dueña de Las Londras, una zona avasallada”, y que el negocio no es la seguridad alimentaria, sino inmobiliario, ligado a la deforestación y todo lo que va detrás.
«Todo eso explica el grado de violencia y el interés extremo de varios actores por ese lugar, entre los cuales figura el Gobierno boliviano, que persigue intereses económicos por encima de los derechos ambientales, así como de los derechos de naciones y pueblos indígenas”, denunciaron en su carta.
Tanto Rek como Álvarez indicaron que, como asambleístas nacionales, han gestionado diferentes instrumentos de fiscalización y de gestión, a fin de que el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) asuma su rol, reclamando una protección inmediata y efectiva de las tierras fiscales, en calidad de patrimonio de todos los bolivianos, procediendo al desalojo de todos los avasalladores, priorizando los derechos de los pueblos indígenas.
«Para eso se debe iniciar una investigación imparcial y transparente en contra de todos los traficantes de tierras de los últimos diez años (2010-2021), así como un auditoría técnica y externa de todos los predios titulados dentro de la Reserva Forestal Guarayos, incluyendo una revisión exhaustiva de los fallos y sentencias del Tribunal Agroambiental, referentes a esta zona. Sin embargo, el Gobierno no ha tomado atención de nuestras propuestas ni ha brindado información fidedigna”, aludió Rek.
Para finalizar, las dos parlamentarias pidieron que organismos como el Relator Especial Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas realicen un llamado al Gobierno boliviano sobre la protección inmediata de los derechos colectivos de los pueblos indígenas afectados, y de las áreas protegidas y/o reservas forestales por el conflicto de tierras.
María René Álvarez, legisladora por Creemos, presentó el pasado martes 14 una nota de exhorto dirigida al fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, para que realice las investigaciones ante las recientes publicaciones de EL DEBER sobre la presencia de grupos inmobiliarios internacionales en la provincia Guarayos,
“Exigimos al fiscal departamental que, en el marco de sus competencias y atribuciones, investigue de oficio la posible presencia de empresas inmobiliarias en Las Londras y su relación con los avasalladores de tierras. Le recordamos también que los hechos de 2021 se encuentran en la impunidad y es su deber seguir los procesos contra los responsables del secuestro y tortura a policías y periodistas”, manifestó.
En la nota dirigida al Ministerio Público, Álvarez le recuerda que en 2022 se remitieron dos memoriales a su despacho por el incumplimiento e inacción de la Fiscalía en el caso Las Londras.
