26 de junio de 2024, 12:51 PM
26 de junio de 2024, 12:51 PM
La controversia estalló este miércoles cuando el concejal Alberto Vaca denunció posibles irregularidades en un proceso de licitación para la adquisición de reductores de velocidad por parte del municipio. Según Vaca, la Alcaldía estaría pagando hasta un 127% más por estos productos en comparación con otros municipios del país.
En una conferencia de prensa, José Carlos Cuellar, secretario de Movilidad Urbana, respondió a las acusaciones y aclaró que «no hay un contrato firmado» y que, por ende, «no existe daño económico al Estado». «Esto es un tema más político», añadió.
Eso sí, Jorge Aspiazu, director de Señalización, explicó que el proceso de licitación ya fue anulado, debido a errores técnicos en el Documento Base de Contratación (DBC). En particular, mencionó que la especificación técnica de los anclajes de los reductores de velocidad no cumplía con los requerimientos establecidos.
«Se corregirá el DBC para que indique que se deben colocar seis pernos por cada pieza», afirmó Aspiazu.
Supuesto sobreprecio
Cuéllar explicó que las cotizaciones de los precios referenciales se obtienen de múltiples empresas y que la Alcaldía opta por la cotización más baja. En este caso, el precio referencial fue de Bs 181, aunque el concejal Vaca presentó cotizaciones más bajas de otros municipios, como Tarija (Bs 118), Montero (Bs 110) y Cochabamba (Bs 98).
«Nosotros hacemos oficios solicitando cotizaciones a distintas empresas, tres como mínimo. Y con base en las cotizaciones que nos proporcionan las empresas, nosotros tomamos la más baja de las que nos llegan. La más baja que nos llegó fue esa. Nosotros no nos inventamos ni podemos obligar a las empresas que nos pongan un precio», señaló.
Francisco Echazú, asesor de la Secretaría, sostuvo que las variaciones de precio pueden deberse a múltiples factores, como el volumen de la compra o las condiciones específicas de la licitación. Echazú también enfatizó que el proceso de licitación se encuentra anulado para corregir cualquier error y asegurar la transparencia.
En cuanto al pago adicional de Bs 49 por instalación, explicó que este se debe a la falta de personal y logística en la Secretaría para realizar la instalación de los reductores de manera rápida y eficiente.
