El exministro de Justicia, César Siles, se convirtió ayer en la quinta autoridad de alto nivel implicada y aprehendida en el escándalo judicial conocido como caso Consorcio, una investigación que ha destapado una presunta red de manipulación dentro del sistema judicial boliviano, que tenía como objetivo influir en las decisiones de las altas cortes a través de la destitución de una magistrada.
Siles llegó cerca de las 14:00 a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, donde se presentó voluntariamente para brindar su declaración informativa. Sin embargo, tras existir una orden de aprehensión emitida previamente por la Fiscalía, la misma fue ejecutada de inmediato. Pasó la noche en celdas policiales y declarará hoy en calidad de investigado, según confirmó su abogado, Franklin Gutiérrez.
El exministro dijo, poco antes de compadecer, que no había sido notificado formalmente por el Ministerio Público. Insistió en que no dejaría el país a raíz de las implicaciones de este caso.
¿Una red?
Con la aprehensión de Siles, ya son cuatro autoridades clave y un abogado influyente en este caso.
Por una parte está Fernando Lea Plaza, el juez de instrucción de Coroico, que ya está detenido preventivamente en San Pedro. Le sigue Claudia Castro, vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, que fue enviada con detención preventiva a Obrajes, aunque tras conocer que ese sería su destino se descompensó y ayer fue ingresada en un centro médico.
La lista sigue con Yván Campero, magistrado suplente del TSJ, quien fue aprehendido tras presentarse a declarar. La audiencia cautelar, en este caso, se instaló ayer por la tarde, pero se extendió hasta el cierre de esta edición en medio de recursos preliminares que prolongaron esta audiencia. En esa misma situación está el abogado José Ramiro Uriarte, también aprehendido esta semana. Su suerte se definirá hoy.
Además de César Siles, el exministro de Justicia que ahora está bajo custodia, acusado junto con el resto de conformar una estructura que, según la investigación, buscó destituir ilegalmente a la magistrada Fanny Coaquira para que su suplente, Campero, asumiera el cargo. El plan fue revelado por el juez Lea Plaza, quien aseguró haber recibido presiones desde el más alto nivel del Ministerio de Justicia y del TDJ paceño.
El rol de Siles
Según la declaración del juez Lea Plaza, fue el propio César Siles quien lo presionó para firmar una resolución que inhabilitara a Coaquira, bajo amenaza de perder su cargo. El juez también involucró a Claudia Castro, quien habría redactado el fallo, y al entonces presidente del TDJ, Yván Córdova, como parte de esta coordinación irregular. El caso se destapó a raíz de una investigación preliminar que detectó esta “coordinación” a través de mensajes de chats y audios que se hallaron en el dispositivo móvil de Lea Plaza.
“La comisión de fiscales ha emitido una resolución de aprehensión en su contra en base a los elementos recolectados”, explicó el fiscal general, Róger Mariaca, al confirmar la detención de Siles.
Como naipes
La audiencia cautelar de Claudia Castro, considerada pieza clave en la red, culminó la noche del miércoles con una orden de detención preventiva por 120 días. Durante la audiencia, que se prolongó por más de siete horas, la vocal denunció un “montaje” en su contra. Al finalizar, se desmayó y fue evacuada en ambulancia desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La paz, hasta un hospital.
Hasta anoche continuaba la audiencia del magistrado Iván Campero, quien presentó excepciones que fueron rechazadas. Su defensa asegura que no se ha demostrado su participación y que su detención vulneró derechos constitucionales, pese a haberse presentado a colaborar con la investigación que está en curso.
El origen
El caso estalló tras la filtración de un audio en el que presuntamente se escucha al juez Lea Plaza conversando con el entonces ministro Siles, coordinando acciones para la destitución de Coaquira. La grabación también menciona a Claudia Castro e Yván Córdova como parte del entramado.
Además, el fiscal general Mariaca aclaró que la responsabilidad de revisar los requisitos de habilitación de Coaquira recaía en la Asamblea Legislativa, y no en el Ministerio Público, en respuesta a las dudas surgidas en torno a su elección. La magistrada pudo ser habilitada con documento falsificados y hay otras irregularidades.
Con la caída de Siles, el caso alcanza un nuevo nivel de gravedad política e institucional, dejando al descubierto las tensiones y los vacíos de control en el sistema de justicia del país.
Reacciones
El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, calificó de “tardía” la aprehensión de Siles. En su criterio, estas acciones deberían hacerse antes.
El expresidente Tuto Quiroga dijo que la única forma de enfrentar la crisis es con otro gobierno.
