Es abogado del Foro por la Democracia en la Región (Fader), una organización argentina que trabaja en temas vinculados con los derechos humanos. Tomás Farini Duggan conversó ayer con EL DEBER sobre el alcance de la demanda que planteó contra el expresidente Evo Morales por delitos de lesa humanidad, pero especialmente por torturas y tratos inhumanos que están vetados en casi todo el mundo.
El aludido también reaccionó ayer. Lo hizo a través de una carta pública que divulgó en sus cuentas en redes sociales. Dijo que existe un “plan cóndor judicial” en contra suya a tiempo de aludir a la coordinación que hubo en los años 70 entre las dictaduras militares de la región.
– ¿Quién es Tomás Farini?
Soy abogado penalista y profesor universitario. Tengo amplia experiencia en causas vinculadas al terrorismo. Fui querellante en el caso del atentado a la AMIA (la Asociación Mutual Israelita Argentina) y en la causa del memorándum contra Irán (el país involucrado en este hecho). También he intervenido en causas de lesa humanidad en Latinoamérica. Logré que se dictaran órdenes de captura contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros 16 funcionarios de Venezuela.
-¿Qué acciones iniciaron recientemente en relación con Evo Morales?
Presentamos una denuncia por delitos de lesa humanidad contra Evo Morales, por crímenes cometidos por el Estado boliviano durante los 14 años de su mandato. La denuncia se basa en el principio de jurisdicción universal y recayó en el Juzgado Federal 5 de Argentina.
¿Qué requisitos establece la jurisdicción universal para que esta demanda proceda?
Son dos: el primero es demostrar la existencia de crímenes sistemáticos de lesa humanidad, como la persecución política o ataques contra la población civil. El segundo es evidenciar que en el país donde se cometieron esos delitos —en este caso Bolivia— no hay justicia eficaz o no hay voluntad de investigarlos. Ambos requisitos se cumplen claramente en este caso.
-¿En qué pruebas se basa?
La evidencia surge de múltiples informes de organismos internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado violaciones sistemáticas y persecución política en Bolivia.
—Entre los casos de la demanda están los de Dirk Schmid y Marco Antonio Aramayo. ¿Podría referirse a ellos?
Sí. Dirk Schmid me autorizó expresamente a mencionar su nombre y su caso. Es uno de los denunciantes clave. Otros prefieren mantenerse en reserva por temor a represalias, ya que residen en Bolivia. Esta semana, presentaremos una lista de testigos, cuyas identidades serán protegidas. El caso de Aramayo también forma parte del expediente.
– ¿Qué significa que Argentina pueda juzgar estos delitos?
La Constitución argentina establece una cláusula de jurisdicción universal sumamente amplia, más que en cualquier otro país. A diferencia del principio de territorialidad, esta cláusula permite juzgar en Argentina delitos cometidos en cualquier lugar del mundo, sin necesidad de que exista un vínculo directo con el país. Es una herramienta jurídica excepcional, pero fundamental en casos como el de Bolivia.
– ¿Qué significa para Usted que Argentina pueda juzgar estos delitos?
Significa que tendrán un foro donde puedan buscar justicia y que los responsables podrán ser juzgados. Esto ya ocurrió en Venezuela y Nicaragua, donde se dictaron órdenes de captura en procesos similares. Esperamos lograr lo mismo en el caso de Bolivia.
– ¿Cuántas víctimas han presentado denuncia hasta ahora? ¿Y qué tiempos maneja el proceso judicial?
Por el momento, hay unas 15 víctimas identificadas. Muchas más han expresado interés en sumarse. El primer paso procesal clave es que el juez declare la competencia por jurisdicción universal. Si eso ocurre, se abre la etapa de prueba. Si se rechaza, se puede apelar ante la Cámara. El tiempo dependerá del avance de estas etapas. En Bolivia también hay muchos testigos anónimos protegidos dentro de la causa en busca de justicia.
-¿Se requiere voluntad política para que estas demandas prosperen?
No. En Argentina, el Poder Judicial es independiente. Sin embargo, si en el futuro se dicta una orden de captura y la persona imputada no se presenta, se dependerá del país donde se encuentre para ejecutar esa orden. En el caso de Evo Morales, por ejemplo, ya existía una orden de captura por otro proceso, pero no se ejecutó.
– ¿Evo Morales o su defensa legal han respondido a esta denuncia?
No tenemos respuesta formal de su parte. Tampoco ha designado abogados en la causa. Para participar, debería someterse a la jurisdicción argentina, algo que rara vez ocurre en este tipo de procesos.
-¿Cree que Bolivia atraviesa similar a la de Venezuela?
Sí. En Bolivia se observa un proceso de concentración de poder y de destrucción del sistema republicano. Hay un deterioro grave del Poder Judicial, según múltiples informes internacionales. Creo que los bolivianos deben tomar conciencia del riesgo que corren y fortalecer su sistema de justicia. Es la última trinchera para defender la república.
