El gobierno de Javier Milei, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), implementa una reforma migratoria para restringir el ingreso y la permanencia de extranjeros en Argentina.
Entre las medidas, se exigirá el seguro médico y el cobro por servicios de salud a residentes temporarios, transitorios o irregulares.
La restricción alcanza a los ciudadanos bolivianos que viajan al país vecino con fines turísticos o de visita a familiares que emigraron hace varios años.
Jaime Iber Alfaro, secretario de extensión de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU), dijo que es un despropósito tener políticas que sean excluyentes.
«Es un problema porque tienen familia del otro lado, Qué va pasar si un chico de Salta viene a Tarija o de Tarija va a Salta, no lo van atender si se enferma. Pareciera que nos estamos saliendo de los valores humanitarios en este sentido», declaró Alfaro, que asiste al evento «Democracia y Futuro» en la capital tarijeña.
Sin embargo, afirmó que es distinto cuando la normativa es divulgada en una conferencia de prensa y otra es el contexto de cómo se aplicará.
El gobierno de Argentina, con el DNU, prohíbe el ingreso a su territorio de personas con condenas penales, la deportación de cualquier extranjero que cometa un delito y el cobro de un arancel por parte de las Universidades para los no residentes permanentes.
«Hay una falencia de las autoridades de Bolivia que no se pronunciaron y están más preocupados por el tema ideológico en vez de hacer una labor diplomática, ya deberían iniciarse conversaciones con autoridades argentinas no solo en el tema de salud, sino también en el caso del boliviano que murió», expresó el presidente del Comité Cívico de Tarija, Jesús Gira.
En su criterio, existe un descuido y dejadez en la política exterior con Argentina y Chile, donde se reportaron casos de bolivianos migrantes.
El gobierno argentino justifica la reforma migratoria por razones económicas y de seguridad, ya que el 6% de la población carcelaria es extranjera, principalmente de los países limítrofes.
En 2017 un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno de Mauricio Macri, que modificaba la Ley de Migraciones, fue declarado inconstitucional por el Poder Judicial.
