El expresidente Evo Morales, mediante una carta pública de “denuncia de proscripción”, aseguró este miércoles que, desde hace mucho tiempo, es “víctima de un plan cóndor judicial”, después de que, mediante una nueva sentencia constitucional, se ratificara que no puede volver a postularse a la presidencia.
“Se me acusa de todo. Soy condenado por la prensa y la justicia sin derecho al debido al proceso o presunción de inocencia. De todo me culpan. Los insultos de odio y racismo son constantes. Buscan proscribir al movimiento indígena y popular. Volvieron los tiempos coloniales de cuando las élites tenían el derecho exclusivo de participar en procesos electorales, excluyendo a las mayorías originarias”, dijo.
El exmandatario aseguró que el gobierno de Luis Arce, su exministro de Economía, “no respeta la independencia de los administradores de justicia” y que, según su versión, “llegó a la vergonzosa intromisión del ministro de Justicia (César Siles) en una sala plena o a la escandalosa presión en la redacción de sentencias”.
“Denuncio al mundo que los magistrados de facto del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que terminaron su mandato el 31 de diciembre de 2023, emitieron una sentencia que modifica el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) con el fin de proscribirme e impedir mi candidatura presidencial para las elecciones generales del próximo 17 de agosto”, agregó.
Indicó que los magistrados del TCP “modifican el artículo 168 de la CPE sin tener competencia” porque esa “facultad corresponde, exclusivamente, al Órgano Legislativo”.
“En Bolivia, la Constitución solo puede ser modificada por una Asamblea Constituyente o por un referendo convocado con una ley aprobada por senadores y diputados. Los jueces usurpadores se atribuyen un mandato que la Constitución no les confiere y eso es cometer un delito infraganti contra la Carta Magna”, sostuvo.
Señaló que el TCP también viola la Ley de Régimen Electoral “porque asume determinaciones que, según la Constitución, solo corresponden al Tribunal Supremo Electoral (TSE) referidas a organizaciones políticas y la habilitación o inhabilitación de candidaturas”.
Sin embargo, “pese a la brutal guerra judicial, política y electoral que busca acabar contra mi persona, seguiré resistiendo, con la fuerza del pueblo y manteniendo la esperanza de que algún día llegue una justicia imparcial y despojada del odio y racismo contra los pueblos indígenas que ya sufrimos en tiempos de la Colonia, la República, las dictaduras militares y el neoliberalismo”, puntualizó.
