La jueza Lilian Moreno Cuéllar, quien anuló una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales en un caso de presunto estupro, fue aprehendida ayer en Santa Cruz y trasladada a La Paz, donde se abstuvo de declarar ante la Fiscalía y efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Forenses del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizaron una evaluación médica para determinar su estado de salud, cuyo informe será emitido en las próximas horas.
Moreno fue detenida cerca de las 07:00 en inmediaciones de su domicilio en el municipio de La Guardia, Santa Cruz, cuando se dirigía a su lugar de trabajo. La orden de aprehensión fue ejecutada por agentes de la Felcc en cumplimiento de una instrucción fiscal emitida el 3 de mayo. Pasado el mediodía, fue trasladada vía aérea a La Paz y conducida a celdas policiales, donde fue citada a declarar por el fiscal anticorrupción Fernando Espinoza. Sin embargo, la jueza decidió acogerse a su derecho al silencio.
La autoridad judicial es acusada de haber incurrido en prevaricato y desobediencia a resoluciones constitucionales, al emitir una resolución que anuló la imputación formal y la orden de aprehensión contra Evo Morales, investigado desde octubre de 2024 por presuntos delitos de trata y tráfico de personas, estupro y violación a menor. El proceso está radicado en el departamento de Tarija, donde supuestamente ocurrieron los hechos denunciados. La Fiscalía afirma que Morales fue citado en varias ocasiones, pero nunca se presentó a declarar.
El abogado defensor de Moreno, Silvestre Ibáñez, sostuvo que el traslado de la jueza a La Paz fue irregular, pues corresponde que sea procesada en Santa Cruz, en respeto al principio del juez natural. Agregó que su defendida no fue legalmente notificada y que en los primeros momentos de su aprehensión se le negó el derecho a contar con defensa. También reveló que la jueza se encuentra en un estado delicado de salud, ya que fue sometida recientemente a dos intervenciones quirúrgicas.
En este contexto, Ibáñez anticipó que podría interponer una acción de libertad por vulneraciones al debido proceso.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, confirmó la aprehensión y anunció que se presentará una imputación formal contra Moreno. La jueza será puesta ante un juez cautelar en las próximas horas para que se defina su situación jurídica.
A la denuncia presentada por el Ministerio de Justicia —inicialmente por prevaricato y luego ampliada por otros delitos— se sumó una acción del Consejo de la Magistratura, cuyo presidente, Manuel Baptista, informó que se tramitará un proceso penal y disciplinario contra la jueza. No obstante, precisó que toda la documentación será enviada al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz para que sea procesada en su jurisdicción.
Antes de su aprehensión, la jueza Moreno denunció públicamente que, tras emitir su fallo a favor del exmandatario, fue víctima de hostigamiento. Relató haber recibido amenazas telefónicas y denunció que incluso se colocaron explosivos cerca de su domicilio.
En respuesta a su detención, un grupo de jueces y magistrados del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz emitió un pronunciamiento en el que exige el respeto al debido proceso y la garantía de los derechos fundamentales de las autoridades judiciales, independientemente del contenido de sus fallos.
Este caso se desarrolla en medio de un ambiente de alta tensión política. Evo Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, ha retomado protagonismo político de cara a las elecciones generales de agosto de 2025. La denuncia por delitos sexuales ha sido utilizada tanto por sectores críticos como por defensores del exmandatario para posicionamientos cruzados, en un contexto donde el sistema judicial boliviano es cuestionado por su falta de independencia y la manipulación política de sus decisiones.
