El caso por estupro y trata de personas contra el expresidente Evo Morales, reabierto por la Fiscalía de Tarija en octubre de 2024, ha quedado atrapado en una batalla por la jurisdicción judicial, decisiones contradictorias de jueces y una notoria inacción policial. A más de seis meses de haberse emitido una orden de aprehensión, Morales no se ha presentado ante la justicia y continúa resguardado por sus seguidores en el Trópico de Cochabamba.
La investigación no avanzó, según reconocieron las autoridades judiciales y ahora estalló una pugna por el juzgado que debe atender el caso a raíz de la detención de la jueza Lilian Montero, quien había anulado los obrados contra el expresidente, un fallo que fue rápidamente revertido por otra autoridad jurisdiccional de La Paz, cuando el epicentro de la denuncia fue Tarija. Todo esto sucedió en solo siete días.
Hace seis meses, la fiscal Sandra Gutiérrez solicitó la detención preventiva de Morales por seis meses tras la investigación de una denuncia que involucró a una persona que hace una década tenía 15 años. El exmandatario pudo mantener una relación con ella en 2015 y en 2016, se habría producido el nacimiento de una hija. A pesar de varias citaciones, el expresidente no compareció ante las autoridades para brindar su testimonio sobre este caso.
En diciembre, se emitió otra la orden de aprehensión, pero no fue ejecutada. La diputada Luciana Campero (CC), representante de Tarija, dijo ayer que este martes presentará una denuncia a la Policía por incumplimiento de deberes. “Ha habido mucha ‘bondad’ con el señor Evo Morales”, afirmó luego de cuestionar el argumento del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, sobre un posible “derramamiento de sangre” si se intentaba su detención en el Chapare. Eso sí, el exmandatario se mantiene aislado en el poblado de Lauca Ñ, donde está la radio cocalera Kawsachun Coca y la sede de la Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. Allí, sus seguidores mantienen una vigilia permanente para evitar que ingrese una patrulla policía. El refugio del expresidente Morales está situado a 285 kilómetros al noreste de Santa Cruz de la Sierra y a menos de 10 kilómetros de la base antidroga de Chimoré.
Pugnas legales
La pasada semana la denuncia pendiente por estupro y trata planteada contra Evo Morales volvió a cobrar notoriedad porque la jueza Moreno, del juzgado 14 Anticorrupción de Santa Cruz, anuló la imputación y todas las actuaciones contra el expresidente, revocando la orden de detención. Lo hizo al acoger una acción de libertad presentada por la defensa de Morales. Esto desató un conflicto de competencias entre los distritos judiciales de Tarija, Cochabamba y Santa Cruz, alimentando sospechas sobre una estrategia para diluir el proceso en la antesala del proceso electoral que vivirá el país el próximo 17 de agosto.
El Consejo de la Magistratura anunció acciones disciplinarias y denuncias penales contra la jueza Moreno y el juez Franz Zabaleta de La Paz por presuntas “faltas gravísimas” en el manejo del caso. El presidente del Consejo, Manuel Baptista, sostuvo que ambos jueces se extralimitaron y actuaron fuera de su jurisdicción, al intentar resolver un conflicto que debía ser definido por el Tribunal Supremo de Justicia.
“La jueza resolvió una acción constitucional valorando elementos propios de la vía ordinaria. Actuó sin competencia y vulnerando la normativa vigente”, señaló Baptista, quien también anunció denuncias por prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado durante una conferencia de prensa que tuvo lugar en Sucre, la sede del Órgano Judicial.
Además, la diputada Campero, además de presentar una denuncia penal contra la jueza, acusó a los abogados defensores de Morales de conformar un “consorcio” para favorecer al exmandatario. “Queremos hacer respetar la jurisdicción de Tarija. Este caso involucra a menores de nuestro departamento y ha sido desviado de manera ilegal”, advirtió tras enfatizar en la necesidad de evitar la impunidad en casos en los que se debe defender la seguridad de los niños.
La defensa de Morales, por su parte, insistió en que no existe víctima que respalde la acusación. “No hay etapa acusatoria, por tanto, no hay causa”, declaró el dirigente evista Rodolfo Machaca, quien calificó el proceso de una “aberración jurídica”. El abogado Wilfredo Chávez, exprocurador y actual defensor legal de Morales, alegó que el caso ya había sido archivado en 2020 y que no hay fundamentos para emitir una orden de aprehensión.
A la par del estancamiento en Bolivia, en abril la Justicia argentina reabrió otra causa penal contra Morales por presunto abuso de menores durante su estancia en Buenos Aires en 2020. Según las denuncias, habría recibido a niñas bolivianas. “En la casa de Colegiales estaban Silvia, Adolfo Mendoza, el excanciller Diego Pary, Noe (Noemí Meneses), la chica que había estado en México y con quien Evo tenía una relación amorosa, y su hermana (…). Comimos con Diego y con Noe, una persona que parecía su asistente personal”, relató el periodista Martín Sivak en el libro ‘Jefazo un retrato íntimo de Evo Morales’ presentado el año pasado en Argentina.
El abogado de la Fundación Apolo de Argentina José Lucas Magioncalda confirmó a EL DEBER que después de apelarse, la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal dispuso la continuidad del caso que involucra al exmandatario boliviano. “Continúa luego que el juez de primera había desestimado. Apelamos y la Cámara ordenó que el archivo era prematuro y que había que avanzar en la investigación. Además, nos concedió la posibilidad de ser querellantes, de tal manera que ahora podemos ofrecer pruebas y controlar todo el proceso”, explicó.
Por su parte, el padre de la joven Cindy S, presunta víctima en el expresidente boliviano, también fue detenido preventivamente por no haber denunciado el hecho. En mayo, logró acceder a la cesación de su detención, mientras que la madre fue declarada rebelde y tiene una orden de aprehensión pendiente.
Organizaciones de defensa de los derechos de la niñez han expresado alarma por la parálisis judicial. “Nadie se acuerda de la víctima. Esto estaba olvidado”, declaró el constitucionalista Williams Bascopé, quien considera que la actual pugna por la jurisdicción es el reflejo de la ruptura entre el llamado evismo y quienes son leales al presidente Luis Arce en un contexto electoral.
La investigación, según la fiscal Gutiérrez, ha respetado todos los procedimientos. Sin embargo, Morales no declaró y su entorno político lo defiende con movilizaciones y advertencias de bloqueos si se ejecuta su captura por parte de la Policía
