En menos de tres días o 72 horas, dos jueces en Bolivia han emitido fallos judiciales en lugares que no son de su jurisprudencia. Analistas ven que esto favorece, únicamente, a los intereses políticos y se deja de lado los intereses del ciudadano.
El primer fallo es del 30 de abril, cuando la jueza Lilian Moreno de Santa Cruz dejó sin efecto la imputación y orden de aprehensión contra el exmandatario y líder cocalero, Evo Morales.
«Se deja sin efecto cualquier auto de rebeldía y mandamiento de aprehensión judicial que pese sobre Morales”, señala parte de la sentencia divulgada por medios de prensa.
El caso fue abierto por el Ministerio Público en Tarija por el presunto delito de trata y tráfico de personas. Según la investigación, Morales habría sostenido una ‘relación’ con una menor de edad con quien, supuestamente, tuvo una hija durante mientras era presidente del Estado.
En su fallo, la juez Moreno concedió nuevamente tutela a favor de Morales y ordenó anular todos los actos investigativos posteriores a la sentencia constitucional N° 22/2024 del 2 de octubre. También dispuso que el cuaderno de investigaciones sea remitido al Ministerio Público de Cochabamba.
Pero este fallo fue revertido por el juez Franz Zabaleta, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la tarde de este viernes 2 de mayo.
El segundo fallo fue dado a conocer también este viernes, cuando se presentó una acción de cumplimiento, interpuesta por los concejales Denny Guzmán y Andrea Negrete, ambos de UCS, en un juzgado de El Torno, a cargo del juez Diego Campero.
La medida judicial suspende las sesiones para elegir a la nueva directiva del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Pese a ello, la presidenta Silvana Mucarzel convocó nuevamente a sus colegas a la sesión que se realizará el domingo 4 en instalaciones del legislativo municipal.
El analista y politólogo José Orlando Peralta dijo que estos fallos favorecen los intereses políticos y dejan de lado los intereses ciudadanos.
“Se ve una influencia política (en ambos casos) en ciertas autoridades judiciales para que favorezcan ciertos fallos a favor de un grupo de interés o agrupación política como lo que ocurre en el Concejo Municipal”, sostuvo Peralta.
También manifestó que esto “es un síntoma de la debilidad institucional” que tiene el poder judicial y, al mismo tiempo, la judicialización de la política.
Por su parte, el abogado y analista Carlos Alberto Goitia expresó que la acción de libertad es buena, porque ayuda a quien realmente quiere que se protejan sus derechos, levantando barreras, “pero su uso, en ciertos casos, termina por ser ‘fraude’ a la norma procesal” distorsionándola y desnaturalizándola.
“Se ha distorsionado la norma porque se abusa, el ejemplo es el caso de Evo Morales, presentando esa acción sin mayor fundamento en cualquier lugar del país, en este caso en Santa Cruz, por hechos acaecidos en Tarija o el Chapare, y sin que exista justificación alguna para ello”, indicó Goitia.
