Las cifras de violencia aumentan cada día. En lo que va del año, Bolivia registra 26 feminicidios y 10.378 casos de violencia intrafamiliar. Sin embargo, en contrasentido, los presupuestos destinados a programas de prevención y atención han sufrido recortes, lo que afecta a los servicios de apoyo a las víctimas.
Desde que comenzó el tratamiento del Presupuesto General del Estado (PGE) para esta gestión, diversas organizaciones han alzado la voz en contra de la disminución de recursos para programas de género.
Según el Comité de Derechos de Género de la Cámara de Diputados, el porcentaje del PGE destinado a esta lucha ha caído del 2,34% en 2023 al 1,45% en 2024, y para este año se redujo aún más, a solo el 0,35%. Esto equivale a Bs 1.026.037, cifra que no es suficiente frente a la magnitud del problema.
Nivia Coca, representante del colectivo Mujeres de Fuego, anticipó que esto sería devastador para las mujeres, porque hay un incremento en los casos de feminicidios y de violencia, y el recorte de recursos deja a las mujeres con menos oportunidades de asistencia.
De igual forma, la Gobernación de Santa Cruz redujo en un 90 por ciento su presupuesto de cuatro programas del Servicio Departamental de Políticas Sociales (Sedepos), que incluyen la alimentación complementaria, guarderías, adulto mayor y género. Esta reducción ha afectado directamente a servicios de atención a víctimas, como el cierre del centro de acogida transitorio que funcionaba bajo administración departamental, donde se resguardaba a mujeres y niños en situación de alto riesgo mientras se aplicaban medidas cautelares contra sus agresores.
Ahora la única alternativa que tienen es el centro Ana Medina, que depende de la Alcaldía y otro transitorio que tiene la Casa de la Mujer.
En los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) enfrentan el problema de la reducción de personal. Muchos funcionarios trabajan bajo contratos temporales y sin estabilidad laboral, a pesar de que son los encargados de dar seguimiento a los procesos judiciales iniciados contra los agresores, tras las denuncias de las víctimas.
Así lo hace notar la fiscal Jessica Echeverría, coordinadora departamental de Género, quien destacó que, si bien hay casos en los que se actúa con celeridad, se necesita más personal y juzgados especializados en la materia. Lamenta los recortes presupuestarios que están afectando el funcionamiento de servicios de apoyo y atención a las víctimas de violencia, como ocurre con el centro departamental de acogida que fue cerrado.
“Al haber menos prepuesto la calidad de atención no es la misma, porque se reduce el personal y se cierran servicios. En los SLIM no hay personal suficiente, como abogados, psicólogos y trabajadores sociales que hagan seguimiento a los casos”, dice.
Señala que centros, como el Ana Medina, son muy importantes porque allí son derivadas las mujeres de mayor vulnerabilidad mientras sus agresores son cautelados y son enviados con detención preventiva, y ellas puedan volver a su hogar.
Echeverría también señala que otro programa paralizado es el de rehabilitación para agresores, lo que representa otro eslabón roto en el sistema. No obstante, valoró que en el Ministerio Público se estén designando fiscales de género en zonas donde antes no existían.
Por su parte, la jueza Anticorrupción y de Violencia, Vivian Balcázar, subraya que la Ley 348, que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, debe estar acompañada de mayores recursos.
Dice que falta personal especializado y los servicios de terapia no se pueden mantener de forma constante porque los contratos se terminan. En muchos casos, los funcionarios recién son contratados en marzo y se quedan solo hasta diciembre. “Entre todos tenemos que ver que este es un tema de prioridad y de emergencia”, puntualiza.
La presidenta de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Laura Rojas, recuerda que la Constitución Política del Estado reconoce la protección de derechos fundamentales, pero el presupuesto destinado a la prevención de la violencia de género y otras problemáticas sociales sigue siendo limitado e insuficiente.
“Hay una fuerte concentración del gasto público en infraestructura o programas clientelares, mientras que las instituciones que atienden o desarrollan programas preventivos operan con recursos escasos, personal reducido y sin estabilidad”, sostiene.
Considera que no existen mecanismos claros y sostenibles para medir el impacto real del presupuesto invertido en políticas sociales, lo que impide una planificación basada en datos y favorece el mantenimiento de prácticas ineficaces.
“Desde la Brigada Parlamentaria Cruceña observamos que esta suma de situaciones revela que el Estado, tanto del Ejecutivo como el Legislativo, no demuestra un interés real ni sostenido en fortalecer el tejido institucional y comunitario necesario para enfrentar las problemáticas sociales más urgentes, dejando a estas áreas a merced de la improvisación y el desfinanciamiento”, dice.
Un cambio de modelo
El asesor económico de la Gobernación de Santa Cruz, Darío Monasterio, reconoció que el Gobierno Departamental ha sufrido un recorte de casi el 40% en su techo presupuestario, lo que afecta a distintos programas. Esto como consecuencia de la caída de las rentas hidrocarburíferas, lo que ha golpeado a todas las gobernaciones del país.
Ante esta situación, considera necesario un cambio en el modelo de distribución de recursos, para garantizar la cobertura de los servicios que demanda una población en constante crecimiento.
En este sentido, Santa Cruz plantea el pacto fiscal como una propuesta viable para dar sostenibilidad a las autonomías. “Las gobernaciones proponen ser copartícipes sobre los impuestos nacionales. Santa Cruz aporta con el 40% pero no recibe ni el 3%. Por eso, se plantea hacer esta coparticipación de acuerdo a la población, o la mejor distribución de determinados impuestos; pero aún se debe definir una propuesta”, manifestó el asesor.
Insistió en que se pretende dar viabilidad y sostenibilidad a las autonomías departamentales para proveer bienes y servicios a la población. “Las gobernaciones no están logrando proveer esos bienes y servicios por un modelo que es centralista y no cumple con la Ley Marco de Autonomías y Descentralización”, indicó.
Mientras tanto, las cifras alarman. En Santa Cruz, los feminicidios se han disparado. Hasta el momento se han reportado ocho víctimas, mientras que en el mismo periodo del año pasado no había ninguna.
