Jun 19, 2025 @ 7:48
Bandera superior


Casi una semana después de que EL DEBER reveló que representantes del ficticio ‘Estados Unidos de Kailasa’ firmaron convenios con pueblos indígenas de Bolivia, el Gobierno nacional rompió el silencio. La Cancillería emitió un comunicado en el que aclaró que Bolivia no reconoce ni mantiene relaciones diplomáticas con esa supuesta nación.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco de las atribuciones reconocidas por la Ley N° 465, como rector de la política exterior boliviana, comunica que el Estado Plurinacional de Bolivia no mantiene relaciones diplomáticas con la presunta nación ‘Estados Unidos de Kailasa’, que, además, no se encuentra reconocida como Estado por ningún otro actor de la comunidad internacional en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”, señala el pronunciamiento.

Kailasa, liderado por el gurú hindú Nithyananda Paramashivam, asegura ser un país con bandera, constitución, banco central y pasaporte. Aunque no tiene reconocimiento internacional, logró colarse en dos sesiones de Naciones Unidas y ha buscado establecer relaciones en Ecuador, Paraguay y Bolivia.

En el país, representantes de Kailasa firmaron actas con autoridades de los pueblos baure y cayubaba, en Beni, y con los esse ejja, en el Territorio Indígena Multiétnico 2 (TIM 2) de Pando. A cambio de pagos anuales, los convenios ofrecían arrendamientos perpetuos de hasta 390.000 hectáreas y la cesión de soberanía sobre los territorios.

Los documentos estipulan que Kailasa podrá establecer su propio sistema jurídico, controlar el espacio aéreo, exigir exenciones fiscales y manejar instalaciones dentro del territorio indígena con soberanía plena.

A pesar de que algunos dirigentes indígenas afirmaron haber desistido, otros aseguran que los acuerdos siguen vigentes. Especialistas como Jhovana Morales, de la Fundación Tierra, y Adolfo Chávez, dirigente indígena, calificaron estos convenios como inconstitucionales y peligrosos. Advirtieron que se vulnera la soberanía del país y los derechos de las comunidades.



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