La jueza Lilian Moreno Cuéllar, del distrito judicial de Santa Cruz, fue detenida tras emitir un fallo que anulaba la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, investigado por presunta trata de personas con agravante. La detención ha generado una ola de críticas y ha reavivado el debate sobre la independencia del sistema judicial en Bolivia.
Moreno fue aprehendida en Santa Cruz y trasladada a La Paz, donde se sustanciarán cargos por prevaricato y desobediencia a resoluciones constitucionales. Posteriormente, fue llevada de regreso a Santa Cruz y ahora se encuentra en detención preventiva en el penal de Palmasola por 30 días, mientras se desarrolla la investigación en su contra en La Paz.
El fallo de Moreno, emitido el 30 de abril, anulaba la imputación contra Morales y ordenaba trasladar el proceso penal desde La Paz a un juzgado en Villa Tunari, Cochabamba, bastión político del exmandatario. La decisión fue revertida días después por el juez Franz Zabaleta, quien ratificó la validez de la orden de aprehensión contra Morales.
La detención de la jueza fue cuestionada por diversas organizaciones y figuras políticas. La Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia expresó su preocupación por lo que considera una violación a la independencia judicial y al debido proceso. En un comunicado enviado a EL DEBER, la fundación afirmó: “En un estado de derecho, ninguna ilegalidad puede ser corregida cometiendo otra”.
Además, un grupo de más de 30 exministros del gobierno de Morales solicitó la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, argumentando que la detención de Moreno representa una “violación flagrante al debido proceso y a la independencia judicial”.
Por su parte, el ministro de Justicia, César Siles, defendió la acción legal contra Moreno, señalando que la jueza actuó en contravención de una resolución judicial previa y que su fallo fue emitido sin competencia territorial.
La situación ha puesto en evidencia las tensiones existentes en el sistema judicial boliviano y ha generado un debate sobre la necesidad de reformas que garanticen la independencia y la imparcialidad de los jueces.
Mientras tanto, el proceso judicial contra Evo Morales continúa. El exmandatario ha negado las acusaciones en su contra y ha denunciado una persecución política por parte del gobierno de Luis Arce.
María Galindo, activista y feminista, afirmó que “Evo captaba y depredaba niñas, mientras las autoridades de su gobierno sabían que abusaba de menores”. En ese contexto, consideró que la jueza Moreno pudo estar “pagando favores” con la resolución en favor del exmandatario.
El caso contra el exjefe de Estado fue activado hace más de seis meses y la Fiscalía ni el Tribunal de Justicia de Tarija, donde se sustancia la denuncia, avanzaron en las investigaciones. Morales no se presentó a declarar para responder las acusaciones, pero presentó varios incidentes para desconocer la vigencia de este caso.
