El lunes por la tarde, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) efectuó la quinta orden de aprehensión dentro de la investigación que continúa por el caso de la ‘asonada militar’ que se suscitó el 26 de junio de 2024 en puertas de Palacio Quemado.
Este cumplimiento se da en medio de los cuestionamientos sobre el sustento legal que maneja la Fiscalía de La Paz para citar a las personas civiles, que son nombradas en un documental del Ministerio de Gobierno denominado ¿Qué pasó el 26J?, como presuntos miembros del gabinete del gobierno de facto del exgeneral Juan José Zúñiga.
La aprehensión
El diputado de Creemos Richard Ribera fue aprehendido tras su arribo al aeropuerto de El Alto. El parlamentario viajó a la sede de Gobierno junto a su abogado, parlamentarios de la misma tienda política y otros allegados, para comparecer y declarar ante el Ministerio Público ante la orden de aprehensión que pesaba en su contra.
Antes de esta última aprehensión, se detuvo al abogado Jorge Valda que luego fue puesto en libertad; al general en retiro de las FFAA, Marco Bracamonte; Bismarck Imaña, miembro de la agrupación Defensa Nacional; y Mario José Takana Arauz, coronel en retiro.
“No tenemos nada que esconder. Estamos con la conciencia tranquila, sabemos que no hemos participado en un presunto golpe de Estado”, afirmó Ribera en la terminal aeroportuaria.
Cristhian Tejada, abogado de Ribera, calificó de ilegal la aprehensión ya que primeramente debió existir una notificación en el domicilio del acusado, según el procedimiento penal, por lo que esta “irregularidad” será dada a conocer en la audiencia de medidas cautelares que se llevará a cabo este martes 22 de abril. Además, señaló que la comisión de fiscales deberá probar ante el juez de la causa que existe la probabilidad de autoría, peligro de fuga y obstaculización al proceso hacia su defendido.
“Deben demostrar la probabilidad para el delito de terrorismo, alzamiento armado y atentado contra el presidente”, señaló y después complementó que “si no reúnen esas condiciones, al juez cautelar no le quedará otra que darle la libertad pura y simple que es lo que vamos a pedir”, sustentó el jurista.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, apuntó a Ribera de presuntamente elaborar un arte para citar a la población en la rotonda del Cristo Redentor después del 26 de junio porque supuestamente había llegado “un gobierno de liberación”. Por ese arte que envió al activista Fernando Hamdan es que investigaron a Ribera.
Por su parte Róger Mariaca, fiscal General del Estado, afirmó que existe un hecho y que los indicios presentados por la comisión de fiscales de La Paz como la probabilidad de autoría, peligro de fuga y obstaculización al proceso fueron valorados por la justicia que derivó, por ejemplo, en la detención preventiva de Zúñiga en la cárcel de El Abra, en Cochabamba.
Recordó que el caso ‘26J’ fue “heredado” de la gestión del entonces fiscal Juan Lanchipa, antes que ellos asuman la Fiscalía y que en esa línea se solicitó al fiscal de La Paz para que haga seguimiento de esta investigación.
Los civiles citados
Al menos cuatro analistas políticos y económicos fueron citados en calidad de testigos por el Ministerio Público. El fiscal general pidió no tergiversar y que se cause malestar en la sociedad, ya que asegura que existe la figura de aprehensión sin citación en el procedimiento penal, y porque no se violentó el derecho de alguna persona que pueda coadyuvar en las pesquisas y esclarecer el hecho.
“Ante una contradicción mínima que pueda existir o grado de participación, cualquier fiscal de materia tiene la facultad de ampliar dentro de ese hecho o iniciar otra investigación. El tema político lo dejamos de lado como Ministerio Público”, dijo el fiscal General. Sin embargo, no dio explicaciones sobre el sustento jurídico que respalde la convocatoria a estos civiles citados en el documental.
EL DEBER intentó comunicarse con el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Tórrez, para conocer el fundamento legal para citar al presunto gabinete, además de las otras cinco personas sobre las que se dispuso orden de aprehensión tras el documental presentado por Del Castillo, sin embargo, no respondieron justificando que estaban en “operativos”.
Continúan las declaraciones
El abogado Paúl Coca, que fue mencionado por Del Castillo, como una de las personas que pertenecería al gabinete de Zúñiga, fue convocado a declarar a las 10:00 horas de esta mañana en calidad de testigo.
El jurista denunció que la citación fue dejada en una dirección que no es la suya, pero que “pese a ello, no me escondo e iré a declarar. ¡De frente y con la verdad! Ni me escondo, ni huyo ni me vendo”, aseveró.
La semana pasada se presentó a declarar el especialista financiero Jhosua Bellot, quien manifestó que el caso puso en zozobra y temor a su familia porque se informaron del caso y la aparición de su nombre en la televisión. Asimismo, declararon los economistas Gonzalo Chávez y Jaime Dunn, que también es candidato.
Persecución
Fue lo que denunció el gobernador Luis Fernando Camacho tras la aprehensión del diputado Richard Ribera
Ven vulneración
Bellot manifestó que las familias de los acusados viven con temor y zozobra
