El alcalde Johnny Torres, y el secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Autotransporte, Gabriel Pérez, cuestionaron a la Fiscalía Departamental de Tarija por imputarlos en una causa judicial, sin tener pruebas. Ambos fueron acusados por presunta sedición e instigación pública a delinquir a consecuencia de un paro, marchas y bloqueos en Tarija.
A finales de 2021 gran parte del país se movilizó en contra del proyecto de Ley 1386 de «Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo». A consecuencia de estas protestas, la Fiscalía de Tarija dio curso a una denuncia de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT) en contra de las autoridades mencionadas. En este caso también están incluidos el gobernador Óscar Montes y el expresidente del Comité Cívico de Tarija, Adrián Ávila, entre otros.
«Esto es una persecución política porque en el gobierno de Evo Morales y el de Luis Arce al primero que piensa diferente lo procesan y llevan preso, como muestra tenemos al gobernador Fernando Camacho que lo detuvieron el Día de Inocentes. Hace tres años que está recluido, sin probarle nada», expresó el alcalde Torres.
Torres considera que la imputación fiscal por el supuesto intento de golpe al presidente Luis Arce no tiene sustento y más bien es el Gobierno el que se cae a pedazos como resultado de su mala gestión.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Autotransporte, Gabriel Pérez, dijo que se presentará las veces que sea citado porque tiene la frente alta y lo único que hizo ha sido defender a su sector y a Tarija.
«Cada vez nos citan y después lo suspenden como ahora. Si no estuviésemos aquí seguro que se lleva adelante la audiencia. Esta es la quinta suspensión que se hace», mencionó Pérez.
El viernes, el Juzgado de Sentencia Penal de Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital suspendió la audiencia y reprogramó para el 24 de noviembre. La suspensión se debe a que a la fecha no han sido resueltas las apelaciones radicadas en la Sala Penal Nro. 2 que imposibilitaron su instalación.