A 45 días de las elecciones generales del 17 de agosto, el Gobierno intensificó su estrategia diplomática para alertar sobre los riesgos que enfrenta su democracia. En apenas una semana, el presidente Luis Arce llevó su mensaje a la Cumbre semestral del Mercosur en Buenos Aires, mientras la canciller Celinda Sosa lo hizo ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el mismo organismo al que el mandatario acusó hace menos de cuatro años de haber actuado como catalizador del “golpe de Estado” de 2019.
“Bolivia ha sido víctima de intereses sectarios y anticonstitucionales que derivaron en consecuencias económicas y costaron vidas”, denunció Arce ayer jueves en Argentina, aludiendo a las presiones políticas impulsadas por Evo Morales. Según el mandatario, los bloqueos recientes —en los que murieron cuatro policías y un civil— responden a una “concepción política nada revolucionaria ni de izquierda” con la que se identificó su gobierno.
La ofensiva internacional del Ejecutivo se da en un contexto complejo, marcado por la fractura interna del MAS, la inhabilitación de Morales como candidato presidencial, y las consecuencias de violencia registrada en regiones como Llallagua y el trópico de Cochabamba. Ante ese panorama, el Gobierno ha solicitado a la OEA, la Unión Europea y otros organismos multilaterales que desplieguen misiones de observación para garantizar elecciones “libres, observadas y en paz”.
Este nuevo acercamiento a la OEA contrasta fuertemente con el discurso que Arce sostuvo en 2021. Durante una entrevista concedida en septiembre de ese año a France 24, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, el Presidente acusó a la OEA de haber tenido un “rol absolutamente nefasto” en los hechos de octubre y noviembre de 2019.
“Ese informe preliminar (de la OEA), que no era auditoría ni tenía carácter vinculante, fue el detonante de la crisis. ¿Quién va a responder por eso?”, cuestionó.
En su relato, el mandatario responsabilizó a la OEA de haber erosionado la institucionalidad boliviana y defendió a la CELAC como la alternativa legítima de integración regional, libre de injerencias. “La OEA ya no cumple los desafíos de América Latina”, sentenció. Cuatro años después, su gobierno no solo ha reactivado el vínculo con la organización hemisférica, sino que solicitó formalmente el envío de observadores para las elecciones de agosto.
La contradicción se agudiza al revisar los hechos de 2019. Fue la propia misión de observación de la OEA la que detectó una “manipulación dolosa” en la transmisión de resultados del proceso electoral de octubre de ese año.
Las irregularidades derivaron en la anulación de los comicios por decisión del entonces presidente Evo Morales, quien destituyó unilateralmente a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y convocó nuevas elecciones. Posteriormente, sin embargo, el MAS construyó el relato de un “golpe de Estado” para justificar la renuncia de Morales el 10 de noviembre y las acciones judiciales contra exautoridades transitorias.
La canciller Sosa fue enfática ante la OEA al pedir que se garantice “la realización de elecciones libres y pacíficas” y denunció las amenazas a la democracia como un asunto que requiere “atención internacional urgente”.
El vicecanciller Elmer Catarina reportó los sucesos que tuvieron lugar en junio como “crímenes planificados con extrema violencia” y anunció una querella internacional contra Evo. El exmandatario apoyo esa pesquisa.
Presidentes del Mercosur y representantes de los países asociados, durante la reunión semestral de la entidad en Buenos Aires, Argentina
