La Defensoría del Pueblo divulgó el informe especial sobre los 24 días de bloqueos de carreteras que tuvieron lugar entre octubre y noviembre de 2024, una medida promovida por sectores afines a Evo Morales en el marco del conflicto intrapartidario del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP).
El documento revela múltiples vulneraciones de derechos humanos y una inadecuada gestión estatal del conflicto, que tuvo su epicentro en Cochabamba y se expandió por al menos cinco departamentos del país.
El defensor del Pueblo, Pedro Francisco Callisaya, sostuvo al presentar este reporte que el país fue empujado a una “batalla política” que anuló el espacio del diálogo y expuso a la ciudadanía a escenarios de incertidumbre, miedo y confrontación.
“Los actores del conflicto priorizaron la vía de la violencia”, señala el informe, que también denuncia que los llamados al diálogo no pasaron de ser meras formalidades.
Conflicto político y crisis
El bloqueo —iniciado el 14 de octubre tras un encuentro evista en Sacaba— fue la culminación de una escalada de tensiones internas en el MAS entre Evo Morales y el presidente Luis Arce, en un contexto marcado por la caída histórica de las reservas internacionales, la escasez de combustibles y dólares, y el alza del costo de vida.
Durante las jornadas de movilización, la Defensoría constató afectaciones a personas en situación de vulnerabilidad, como pacientes de hospitales, niñas, niños y adolescentes en centros de acogida, y adultos mayores, que sufrieron interrupciones en la provisión de alimentos y atención médica.
También se registraron al menos 12 detenciones el primer día de bloqueo en Parotani, con denuncias de uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía.
Detenciones y procesos
La Defensoría del Pueblo verificó que muchas de las detenciones fueron arbitrarias y que varios procesos penales iniciados por supuesta tenencia de explosivos o atentados contra medios de transporte fueron posteriormente rechazados por falta de pruebas.
En el caso de la aprehensión de Mónica Mejía, acusada de portar dinamita, se dispuso su defensa en libertad. Casos similares fueron cerrados o se mantienen en etapa preparatoria sin avances.
Llamado al diálogo
El informe concluye que “el Estado actuó de manera tardía e ineficiente para prevenir y resolver el conflicto”. La Defensoría recomendó al Gobierno nacional y a las organizaciones sociales priorizar canales de diálogo efectivos, y llamó a los órganos del Estado a cumplir con sus deberes legales sin instrumentalización política.
“La Defensoría del Pueblo está convencida de que el diálogo es la única vía para resolver los conflictos”, afirmó Callisaya, al reiterar su llamado a superar la polarización política y a proteger la institucionalidad democrática.
