-Ud. fue secretario de Justicia en la Gobernación cruceña. ¿Cómo se conecta eso con su postulación al Senado?
He estado al frente de la Secretaría de Justicia y del Servicio Jurídico Departamental de la Gobernación de Santa Cruz. También ocupé cargos en la ABT. Como abogado, siempre tuve el interés de participar en política para aportar al cambio que el país necesita. Esta candidatura al Senado es una oportunidad para dar ese granito de arena desde un lugar de responsabilidad nacional.
-Según la primera encuesta de EL DEBER, dos senadores de su alianza ingresarían por Santa Cruz. ¿Cómo vislumbra la próxima legislatura?
Si se consolida esa radiografía, los cuatro senadores de Santa Cruz serán de fuerzas opositoras. Eso significa que el MAS ha perdido terreno. Entre Unidad y Libre hay coincidencias ideológicas importantes. Creo que, desde el Senado, podremos construir consensos para avanzar.
-¿Qué proyectos regionales impulsaría desde el Senado? Por ejemplo, se mencionó la hidrovía Paraguay-Paraná
Santa Cruz ha sido históricamente postergada. Impulsar proyectos como la hidrovía y otros de infraestructura es esencial para transformar esas ideas en realidades económicas. Queremos atraer inversión, generar empleo y facilitar desarrollo mediante reformas normativas que viabilicen esos proyectos.
-El plan de su alianza contempla enfrentar un déficit fiscal elevado. ¿Está de acuerdo con financiar ese déficit con deuda externa?
El déficit, que podría cerrar el año en 15%, es una emergencia. Para enfrentarlo, no existe una única solución. Entre los factores está la subvención a los combustibles y el tamaño excesivo del Estado. Acudir a financiamiento externo puede ser necesario, pero acompañado de reformas estructurales. El plan de Samuel Doria Medina propone acciones en los primeros 100 días para estabilizar la situación y empezar a recuperar el equilibrio fiscal.
-¿En 100 días se eliminará el déficit?
No. El objetivo en ese plazo es estabilizar y ordenar la “catástrofe” en la que nos ha dejado el MAS. El trabajo para reducir el déficit será gradual y sostenido, y uno de los ejes será la eliminación progresiva de la subvención a los combustibles.
-¿Cómo se eliminará esa subvención sin afectar a los sectores vulnerables?
De forma gradual. No podemos aplicar un shock. Por ejemplo, el transporte público o el sector agroindustrial no podrían soportar una eliminación brusca. Habrá que sentarse con cada sector para diseñar una salida responsable y controlada, evitando mercados negros y fiscalizando el uso del combustible con transparencia.
-¿Qué sectores considera prioritarios para mantener la subvención en el corto plazo?
El transporte público, la agroindustria y posiblemente la minería. Hay que analizar con datos técnicos la composición de la matriz energética de cada sector y actuar con racionalidad.
-¿Qué estrategia seguirán para que Samuel Dora Medina suba en la intención de voto en Santa Cruz?
La diferencia con el primer lugar es mínima, 0,3%. La campaña ha mejorado con el trabajo territorial de Samuel. Ha estado en provincias, distritos, con la gente. Tiene carisma, empatía y una forma directa de hacer política. Eso genera conexión. A medida que más gente lo conozca, la diferencia se va a revertir.
-¿El apoyo de Luis Fernando Camacho será determinante?
El camachismo es un fenómeno político distinto, más de calle. No basta con el respaldo de Camacho, hay que conquistar a su base, que valora la cercanía y la coherencia. Samuel tiene un estilo parecido en cuanto a contacto con la gente, y eso ayuda.
-Pasemos al tema judicial. ¿Cuál es su diagnóstico del sistema judicial actual?
El poder judicial ha sido cooptado por el Ejecutivo. Pero la reciente elección de Romer Saucedo, con casi 700.000 votos, abre una esperanza. Su línea de independencia debe ser respaldada por todos. Nuestra tarea será fiscalizar, denunciar a los operadores corruptos y apoyar a quienes quieren una justicia imparcial y profesional.
-¿Está de acuerdo con eliminar el Tribunal Constitucional como propone su alianza?
No. Discrepo con esa parte de la propuesta. Creo que la institución es valiosa; lo que debe cambiar son los actores. El Tribunal Constitucional debe estar integrado por los mejores abogados, con procesos de selección meritocráticos. No se trata de eliminar la institución, sino de rescatarla.
-¿Qué hará desde el Senado para que el PGE deje de aprobarse por decreto?
Lo primero es sincerar la situación del país. El presupuesto actual, de 46 mil millones de dólares, es insostenible. Tenemos que construir un presupuesto realista.
