El último informe sobre el Estado de derecho, realizado por World Justice Project (WJP), y que ubica a Bolivia como el país más corrupto de América Latina y el Caribe es visto como “una condena internacional” que ha sido provocada por el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), durante sus casi 20 años de gestión, manifestaron los analistas.
El abogado y diplomático Jaime Aparicio se refirió a este informe indicando que más que una mala noticia “es una condena internacional” y una señal preocupante de que el Estado boliviano ha perdido el control institucional y su justicia está capturada por redes de corrupción, crimen organizado y sumisión política.
“La justicia boliviana ha sido degradada al punto de convertirse en el epicentro de la corrupción estatal y de la persecución política. La influencia del crimen organizado y el soborno, y los consorcios de gobierno, jueces y abogados como práctica normalizada han convertido al Tribunal Constitucional y al Poder Judicial en general en los brazos más tóxicos del Estado”, dijo Aparicio a EL DEBER.
El experto añadió que este “desplome” afecta directamente a la economía porque la falta de garantías jurídicas ahuyenta inversiones, frena el crecimiento y empuja al país hacia un ciclo de pobreza, endeudamiento y fuga de talentos.
“La inseguridad jurídica no es solo un problema legal, es el principal obstáculo para cualquier reconstrucción económica o social”, añadió.
Por último, dijo que con más del 80 % de jueces y fiscales sin estabilidad ni independencia, el sistema judicial actúa como un instrumento del poder político; generando “impunidad para unos y persecución para otros”, destruyendo así la confianza ciudadana.
“Bolivia no saldrá de su crisis sólo con discursos económicos. Sin justicia independiente, no hay democracia posible ni desarrollo Y esa es hoy la verdadera tarea nacional para el próximo gobierno”, complementó.
En tanto que el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa Gisbert, señaló que esta calificación “revela” una creciente degradación en los gobiernos del MAS.
“La calificación de la WJP, que coloca a nuestro país como uno de los países con más altos niveles de corrupción en el mundo, revela la creciente degradación de los gobiernos del MAS a niveles extremos”, escribió Mesa en su cuenta en X.
Además, enfatizó en que “la impunidad” para los afines al masismo y los “procesos amañados” para los opositores forjaron “un Estado desinstitucionalizado, sin valores y poco transparente” del que desconfían propios y extraños.
Por su parte el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, dijo no sorprenderse con estos resultados porque “lastimosamente” Bolivia es gobernada por una “mafia organizada”.
“Siempre hemos dicho que lastimosamente estamos gobernados por una mafia organizada. Entonces el resultado no podría ser otro”, exclamó Cochamanidis en conferencia de prensa.
Finalmente, el titular del ente cívico dijo que el próximo gobierno tiene una responsabilidad más “sacarnos de esa lista”.
“Lamentablemente somos primeros en Latinoamérica en corrupción, cuando podríamos ser el primero en biotecnología, exportar ciertos granos o servicios. Hay tantas opciones que tenemos para ser de los mejores, pero sin embargo tenemos una mafia organizada”.
Tras conocerse este informe de WJP, este fue descalificado por la ministra de Justicia y Transparencia Institucional, Jessica Saravia.
“Es necesario lamentar que muchos de los informes que llegan en materia de lucha contra la corrupción tengan que ser tergiversados políticamente. Nosotros negamos enfáticamente lo manifestado dentro de ese informe considerando que proviene, además, de una ONG”, dijo Saravia en conferencia de prensa.
La autoridad nacional también señaló que desconoce la metodología de trabajo que se utilizó en este informe, que en su criterio “genera muchas dudas”.
Remarcó que Bolivia “ha avanzado en muchos temas en materia de corrupción” y que el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, a la fecha, “se encuentra tramitando más de 900 causas de corrupción”.
“Se ha conseguido, solo en este primer semestre, más de 50 sentencias en la lucha contra la corrupción, eso demuestra un trabajo arduo y comprometido. En ese sentido, negamos enfáticamente que este informe refleje la realidad de todas las acciones y políticas que ponemos para la lucha contra la corrupción”, insistió la autoridad.
