La Defensoría del Pueblo alertó sobre las consecuencias de la crisis económica y política que atraviesa el país, agravada por la escasez de gasolina, diésel y dólares. En un pronunciamiento oficial, la institución advirtió que esta situación afecta a la economía de los bolivianos y genera malestar en distintos sectores sociales, productivos, agrícolas y empresariales.
El documento señala que la falta de combustible impacta en el costo de la canasta familiar, el suministro de medicamentos, el transporte escolar y el funcionamiento de ambulancias y maquinaria pesada. Frente a este panorama, la Defensoría exigió soluciones estructurales, en lugar de medidas temporales.
“Manifestamos nuestra profunda preocupación ante la crítica situación que atraviesa el país, la cual exige soluciones estructurales y no únicamente medidas paliativas. Es imperativo brindar certeza a la población boliviana, cada vez más afectada por las múltiples consecuencias negativas de la escasez de combustible”, indica el comunicado.
La institución hizo un llamado al Gobierno para que instale mesas de diálogo con los sectores en protesta y atienda sus demandas. También exhortó a los movilizados a ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica, sin afectar los derechos de terceros.
Además, pidió a los órganos del Estado asumir su responsabilidad y trabajar en beneficio de la población. «Su accionar debe enfocarse en aportar soluciones que prevengan la polarización social y fortalezcan la institucionalidad del país, que actualmente se encuentra en una situación de fragilidad», señala el comunicado.
La Defensoría aseguró que seguirá de cerca el desarrollo de la crisis, impulsando espacios de diálogo y verificando el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno en los últimos días. “Nos mantendremos vigilantes para garantizar la protección de los derechos humanos de toda la población boliviana, sin excepción”, concluye el pronunciamiento.
