A un mes de los bloqueos que aislaron, especialmente, a Cochabamba y Llallagua (Potosí), la Defensoría del Pueblo presentó ayer en Potosí el informe Situación de la Conflictividad en Bolivia – junio de 2025, que detalla las consecuencias humanas y sociales de la protesta que tuvo lugar entre el 2 y el 16 de junio. El reporte, que aún tiene el sello de “preliminar”, reveló dos decesos, que al inicio de la crisis no fueron contados oficialmente por las autoridades.
El documento, presentado por el Defensor del Pueblo Pedro Callisaya, identifica a un total de ocho personas fallecidas, 173 heridas y 201 aprehendidas durante las movilizaciones promovidas por los seguidores del expresidente Evo Morales para que su líder sea aceptado en las listas de candidatos a la primera magistratura.
El primer deceso reportado y ahora atribuido a los bloqueos evistas fue el de Nemecio Cuiza Canaviri, adulto mayor de 73 años, quien falleció el 9 de junio (dos días antes de los violentos sucesos de Llallagua) en la carretera Oruro–Cochabamba, presumiblemente a raíz de un paro cardiaco fulminante. Sucedió luego de una caminata de más de cinco horas entre Villa Pereira y Tapacarí, precisamente, en medio de los bloqueos de la llamada ala que respalda a Evo Morales.
Sin embargo, el caso de mayor gravedad y que pasó desapercibido en los reportes de prensa durante los conflictos, fue el de Samuel Cruz Gutiérrez, de 19 años, fallecido en Cruce Arque (Cochabamba) durante el desbloqueo del 12 de junio, presuntamente por el impacto de un proyectil de un arma de fuego, según se lee en el informe del Defensor.
Según algunas imágenes en redes sociales y reportes de medios de prensa rurales, el infortunado ciudadano fue encontrado ya sin vida en un descampado próximo a la carretera en Arque y fue velado en su comunidad natal. En los videos y fotografías se puede observar que no se le practicó la autopsia a los restos del fallecido.
En ese contexto, el informe revela que el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) abrieron cinco procesos penales: cuatro por asesinato y uno por homicidio. Hasta el 4 de julio, tres causas estaban en etapa preliminar y dos en etapa preparatoria. Se identificó la participación de siete adolescentes entre los investigados, lo que generó especial preocupación entre los especialistas de la Defensoría.
En cuanto a las aprehensiones, el reporte detalla que 201 personas fueron detenidas, 36 con detención preventiva y 32 con procesos penales activos por delitos como uso de explosivos, atentado a la seguridad del Estado, asesinato y tentativa de homicidio.
También se documentaron cuatro casos de agresiones a periodistas, ocho incidentes de obstrucción a ambulancias y ataques al personal médico, además de hechos de violencia contra transportistas.
Las protestas también generaron pérdidas millonarias en sectores como agricultura, ganadería, transporte y comercio, y afectaron el derecho a la educación con la suspensión de clases en Betanzos y Llallagua.
El papel de la Defensoría
“La conflictividad ha tenido diferentes componentes: el clima electoral, la crisis económica y la intransigencia de los actores políticos. Pero, fundamentalmente, hay una experiencia que no podemos reeditar: la vulneración de derechos. No se puede naturalizar el fallecimiento de ciudadanos bolivianos”, señaló Callisaya desde la ciudad de Potosí.
En los bloqueos registrados en Llallagua y Cochabamba, la Defensoría contabilizó ocho fallecidos: dos civiles, dos personas del sector movilizado y cuatro efectivos policiales. Además, se registraron 173 heridos, entre manifestantes, pobladores ajenos al conflicto y fuerzas del orden.
El informe señala que la profundización de la crisis económica —marcada por la escasez de combustibles, la falta de dólares, el alza de precios de productos básicos y la inflación— generó un escenario de tensión que se arrastra desde 2024 y que se amplificó en 2025, alimentado por la polarización política.
La Defensoría destacó su intervención en el conflicto mediante la convocatoria a mesas de concertación para una tregua humanitaria en Llallagua, apoyo logístico para el traslado de heridos y cuerpos, seguimiento a las investigaciones y el acompañamiento a audiencias cautelares.
Finalmente, Callisaya hizo un llamado a los actores políticos para que se comprometan con el respeto a los derechos humanos. “El derecho a la protesta siempre va a estar protegido constitucionalmente, pero tiene límites: no debe ser violenta, ni afectar los derechos de terceros o impedir el acceso a servicios básicos. De lo contrario, deslegitima cualquier demanda”, concluyó.
DETALLES
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Efectivos
Los policías fallecidos en Llallagua fueron los subtenientes Brayan Jorge Barrozo Rodríguez, Carlos Enrique Apata Tola y el sargento Jesús Alberto Mamani Morales. En Cochabamba murió el subteniente Christian Calle Alcón.
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Civiles
Nemecio Cuiza Canaviri (73) en Tapacarí y el estudiante Vladimir Aguilar Choque (18) en Llallagua. Cornelio Franco Ramírez (28) en el desbloqueo de Silla K’asa y Samuel Cruz Gutiérrez (19) en Cruce Arque. Estos dos últimos de los sectores movilizados.
