Durante el ampliado de la organización política Evo Pueblo, realizado ayer en el trópico de Cochabamba, legisladores y dirigentes “evitas” convocaron a sus bases a impedir que se realicen las elecciones generales, previstas para el 17 de agosto. Lanzaron amenazas, desde declarar “un estado de sublevación” hasta “contar muertos” en caso de que no se habilite la candidatura del cocalero Evo Morales.
“Planteo lo siguiente, estamos en estado de emergencia, pero ahora yo planteo estado de sublevación, no podemos seguir callados, no podemos quedarnos quietos. Tenemos derecho a sublevarnos, hermanos, porque están usando la Constitución y las leyes, para favorecer a extranjeros”, convocó el diputado Renán Cabezas, legislador “evista”, representante de El Alto.
Las declaraciones se dieron en el ampliado realizado ayer en la localidad de Lauca Ñ, en el municipio de Villa Tunari, donde el expresidente del MAS está auto confinado, hace 10 meses. El cocalero se mantiene en esa zona, para evitar que se ejecuten una orden de aprehensión en su contra, por el proceso de trata de personas y estupro, abierto en Tarija, por una relación que el entonces mandatario sostuvo con una menor de 15 años, en 2015, con la cual tuvo un hijo.
Entre los más de 30 oradores que participaron en el ampliado, además de Cabezas, también discursaron su colega Gladis Quispe, representante de los Yungas de La Paz y el senador del Trópico cochabambino, Leonardo Loza. Todos, al igual que la mayoría de los dirigentes que tomaron la palabra, convocaron a impedir las alecciones del 17 de agosto si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no devuelva la personería jurídica del partido político PAN Bol, que pretende postular a la presidencia a Morales.
El discurso que más críticas recibió fue, justamente, el de la presidente de esa organización política, Ruth Nina. “El 17 de agosto preferimos dar nuestras vidas antes de permitir que vengan a obligarnos a elegir a sus candidatos de la derecha, y ese día, ese día hermanos, el tribunal electoral y el Gobierno en vez de contar votos van a contar muertos”, amenazó la exrepresentante de las esposas de policías.
Las repercusiones fueron muchas, pero la legisladora de oposición Luisa Nayar, fue más concreta, y anunció la presentación de una demanda penal. “Rechazo rotundamente las declaraciones de Ruth Nina. Estas palabras constituyen una amenaza directa contra la democracia y la vida de los bolivianos. Anuncio que asumiré las acciones legales pertinentes contra esta señora”, escribió la diputada en su cuenta de X.
Asimismo, desde la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, se emitió un comunicado, en el que además de condenar las declaraciones de Nina, exige al TSE y a la Fiscalía iniciar acciones, investigar y sancionar las aseveraciones que van “contra la seguridad del Estado y el derecho ciudadano a elegir en libertad y sin coacción”.
Movilización
“Si decimos que no va haber elecciones con el movimiento indígena campesino, hermanas y hermanos, a no engañarnos y hacer una movilización nacional, declarándonos en emergencia”, fueron las declaraciones del senador y dirigente cocalero Loza.
Por su lado, la diputada Quispe propuso continuar con la negativa de impedir la aprobación de créditos y la firma de contratos entre el Estado y empresas extranjeras para la explotación del litio.
Finalmente, la concejal de El Alto, Wilma Alanoca, instó a los dirigentes de Evo Pueblo llevar sus denuncias ante la comisión de observadores de la Unión Europea, con la versión de que existe un acuerdo entre el Gobierno de Luis Arce, el TSE y autoridades judiciales para impedir la candidatura de Morales.
