El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, alertó sobre la existencia de una serie de amenazas en el Trópico de Cochabamba que, según sus declaraciones, tienen como objetivo consolidar un poder político paralelo al Estado boliviano. Estas amenazas incluyen intimidaciones, expulsiones de opositores, violencia física y una creciente presión contra la institucionalidad.
“Tenemos una serie de amenazas que, lo que pretenden, es consolidar un control político, entendiendo que tienen como finalidad precisamente eso, la preservación de una estructura que, en todo caso, está pretendiendo olvidar que todos los ciudadanos bolivianos tenemos el derecho de libre elección”, señaló Aguilera durante una entrevista reciente en el programa A Primera Hora de EL DEBER Radio.
Entre los hechos más preocupantes, Aguilera mencionó las amenazas directas contra candidatos a cargos sindicales, a quienes se les exige abandonar el territorio o retirarse de las elecciones internas si no responden a determinada línea política. “Nos demuestra no solamente un intento de neutralizar opositores, sino sobre todo un desconocimiento a la ley«, explicó.
El Régimen de Interior y Policía se encuentra realizando operativos. Según Aguilera, el operativo más reciente, liderado por el viceministro Jaime Mamani, encontró fosas de maceración, relacionadas al narcotráfico.
Crisis en el Trópico
Aguilera asegura que el Trópico de Cochabamba enfrenta una crisis de institucionalidad impulsada por una facción política que fomenta la lealtad ciega, excluye el diálogo y busca imponer un sistema paralelo al Estado de derecho. Según la autoridad, estos grupos utilizan la intimidación, el miedo y hasta ejecuciones extrajudiciales para consolidar su control.
Rechazó que la región se haya convertido en una «tierra de nadie», aunque reconoció dinámicas disfuncionales que obstaculizan la labor policial y judicial.
Sobre los crímenes, señaló que las muertes de cuatro personas tras movilizaciones en septiembre del año pasado permitieron la captura de los responsables, vinculados a “una estafa por la venta de un arma de fuego”, quienes actualmente se encuentran detenidos.
«En el caso de Yapacaní, se trata de una acción efectuada por la banda del señor Ariel Villarroel, que está reemplazando a Nabor López. Esto se demuestra porque, evidentemente, el asesinato se produce entre ellos y se deshacen del cuerpo en Yapacaní, con 16 tiros«, explicó sobre los últimos hechos, efectuados por los líderes de bandas dedicadas al secuestro y asesinato en el Trópico.
Las autoridades vinculan a Ariel Villarreal con un reciente asesinato en el Trópico de Cochabamba, basado en la cercanía familiar entre el implicado y la víctima. Aunque el hecho fue inicialmente presentado como un caso de «justicia comunitaria», Aguilera, señaló que detrás existe una estrategia política destinada a impedir la presencia del Estado en la zona.
“Las acciones que se han estado efectuando, al interior del Trópico de Cochabamba, están vinculadas a una cuestión política que pretende impedir el acceso de la Policía Boliviana, a través de acciones que están, yo diría, encubiertas «como de una persecución a esta persona (Evo Morales)» que, en todo caso, simplemente utiliza la mentira y exacerba el espíritu de la población hablando de operativos que no se han realizado, pretendiendo así mantener un Estado de odio, es decir, tenerlos en permanente atención”, advirtió.
Según Aguilera, los habitantes son obligados a pagar multas o enfrentar la expulsión si no acatan las directrices impuestas por líderes políticos locales.
Elecciones en el Trópico
Ante la pregunta de la garantización de las votaciones en el Trópico, el viceministro afirmó que el Gobierno está trabajando en una estrategia que involucre a autoridades sindicales y territoriales –no políticas– para garantizar el derecho al sufragio.
“Estamos efectuando un diálogo constructivo, pues no todas las personas que habitan en esta, nuestra patria, están de acuerdo con estas medidas y por ello, una coordinación, primero, con las autoridades que no tengan que ver con lo político, sino quizás con lo sindical, con lo territorial, van a permitir demostrar la expresión del voto. Sin embargo, nos toca trabajar desde un punto de vista fuerte para impedir que estas acciones se puedan materializar”, expresó.
Aguilera concluyó que no se puede permitir que se materialicen las amenazas de exclusión y violencia. “Esto significa que la población entera del trópico de Cochabamba, si bien se encuentra «maniatada» cuenta con los mecanismos del Estado para preservar su derecho al voto”.
